"Tú hoy no comes", éste y otros castigos para que migrantes firmen deportación voluntaria

“Tú hoy no comes”. Con esta orden, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) castigan a los migrantes indocumentados que se resisten a firmar la deportación voluntaria de México.

Se trata de una modalidad de hostigamiento detectada por un grupo de activistas que integran el Comité Ciudadano del INM, durante una misión de monitoreo en la que tuvieron acceso a 17 estaciones migratorias del país.

El Comité Ciudadano documentó que, además de presionarlos con dejarlos sin comer, también hay casos en los que agentes federales del INM, custodios privados, así como personal que trabaja en las estaciones, amenazan a quienes no aceptan la expulsión voluntaria negándoles medicinas básicas y productos de higiene personal.

Además, en algunos casos, estás tácticas intimidatorias van acompañadas de agresiones físicas y verbales, así como de amenazas de muerte, según denunciaron las personas entrevistadas durante la misión de monitoreo.

“Yo tengo cinco amenazas de muerte de los guardias y también de migración. Nos maltratan, nos humillan con insultos. Y hay veces que voy a ingerir mis alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar al comedor”, dijo un migrante detenido en la estación de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyo testimonio forma parte del informe Personas en detención migratoria en México.

Los migrantes expusieron que no solo los agentes de seguridad los amenazan. También acusaron a funcionarios del área jurídica del INM de amedrentarlos a través de múltiples formas para que no accedan a su derecho de pedir refugio, tal y como México reconoce en su Ley de Migración.

“Mejor regrésate”, dicen a migrantes

Por ejemplo, una mujer centroamericana denunció que una funcionaria del INM la “desanimó” para que no iniciara el proceso de asilo, advirtiéndole que pasaría mucho tiempo encerrada en una estación migratoria hasta que se resolviera el trámite.

“¿Sabías que tienes que esperar tres meses (para el trámite)?. Y no cuentan días hábiles. Además, las probabilidades de que te digan que no son muchas. Así que mejor regrésate, porque a veces el proceso dura hasta seis meses”, dijo la funcionaria, según el testimonio de la mujer entrevistada.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, criticó que esta táctica para desincentivar el refugio es “un problema sistémico” en el país.

Y recordó que tanto la ONU, a través de su oficina para refugiados, como otras organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han denunciado en numerosas ocasiones que agentes del INM amenazan a los migrantes con enfrentar procesos largos y tortuosos, en caso de solicitar su derecho al asilo para no retornar a los países de los que salieron huyendo.

“Si a los migrantes se les dice que no pidan asilo porque van a pasar mucho tiempo encerrados en estaciones migratorias donde las condiciones son deplorables, entonces no es regreso voluntario. Se podría llamar regreso ‘pseudo-voluntario’”, ironizó el representante de la ONU, durante la presentación del informe del Consejo Ciudadano del INM.

ONU critica política migratoria mexicana

La documentación de estas tácticas cobra especial relevancia ahora, cuando cada vez más personas centroamericanos ven a México como una posibilidad de refugio ante la violencia de las pandillas en Honduras y El Salvador, y sobre todo ante el endurecimiento —al menos en el discurso— de la política migratoria de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, quien prometió construir un muro para frenar la migración.

Y así lo muestran también las cifras oficiales: el número de personas que han solicitado asilo en México ha aumentado más de 150% desde que Donald Trump resultó ganador en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre del año pasado.

Sin embargo, los integrantes del Comité Ciudadano del INM denunciaron en su informe que la política migratoria mexicana, lejos de buscar la protección de estos migrantes, básicamente se reduce a detener y deportar personas, bajo “una simulación” de respeto a los derechos humanos.

Y de nuevo, las cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) corroboran que conseguir protección en México es casi una tarea imposible: en cuatro años, de 2011 a 2015, México recibió 8 mil 419 solicitudes de asilo, de las cuales solo 2 mil 175 fueron aceptadas. O en otras palabras: las autoridades migratorias rechazaron 8 de cada 10 peticiones de refugio y ordenaron la deportación de miles de personas extranjeras, a pesar de los riesgos que enfrentan en países como Honduras o El Salvador, donde la guerra de las pandillas ha colocado a estas naciones como las más violentas del mundo.

En este sentido, el representante de la ONU, Jan Jarab, volvió a ser muy crítico con la política migratoria mexicana: “Difícilmente México puede mantener la credibilidad criticando la política migratoria de otros países, mientras a nivel interno se aplica una política similar”, subrayó.

Persisten los “calabozos”

El Comité Ciudadano del INM también documentó que en los centros de detención de migrantes persisten viejas prácticas violatorias de derechos humanos, como la existencia de “celdas de castigo” o “cuartos de aislamiento”.

Estas celdas son cuartos extremadamente pequeños, oscuros, y presentan peores condiciones de higiene —si cabe— que el resto de instalaciones de los centros de detención. En Tapachula, por ejemplo, la misión de monitoreo registró que los migrantes llaman a este cuarto “el pozo” o “el calabozo”, y aseguraron que las autoridades confinan ahí a los presos con fines de sanción y castigo.

“Lo que a mí me pasa yo no se lo digo a nadie, porque nadie aquí adentro me puede ayudar. Si uno levanta la mano para reclamar, lo que hacen es llevarlo al pozo. He visto cómo han agredido a los que se llevan a ese lugar, porque se pelean o dicen algo, o porque se quieren defender de las agresiones de los mismos guardias”, acusó otro migrante.

Las celdas de castigo en estaciones del INM han sido denunciadas desde, al menos, abril de 2013, cuando las organizaciones Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, presentaron un informe acerca de estos “calabozos”.