Tribunal brasileño aviva los pedidos de destitución de Rousseff
COMPARTIR
TEMAS
"El hecho concreto que queda comprobado es que la presidenta Dilma cometió delito de responsabilidad y ahora el Congreso Nacional tendrá que determinar las sanciones correspondientes", dijo Aécio Neves.
Brasilia, Brasil.- El Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil decidió por unanimidad recomendar al Congreso la reprobación de las finanzas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff relativas a 2014, en un veredicto que reforzó los pedidos de destitución de la mandataria.
La decisión se basa en irregularidades detectadas en las cuentas públicas y puede dar pie a que el Congreso abra un proceso de destitución de la presidenta por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De hecho, en esos términos lo planteó la oposición, que de una forma u otra, en declaraciones recogidas por el portal "G1", del grupo Globo, fue unánime al considerar que el gobierno de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) está acabado.
"El hecho concreto que queda comprobado es que la presidenta Dilma cometió delito de responsabilidad y ahora el Congreso Nacional tendrá que determinar las sanciones correspondientes", dijo el presidente nacional del Partido de la Social Democracia Brasileña, senador Aécio Neves.
El diputado Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista (PPS), aseguró: "Ahora, con la reprobación de las cuentas (...), la presidenta Dilma se vuelve blanco certero de un proceso de 'impeachment' y debe perder aún más el apoyo parlamentario".
En la misma línea se manifestó el senador Ronaldo Caiado, del partido derechista Demócratas (DEM), quien incluso fue más allá. "Si continuamos en este escenario, tendremos probablemente a fines del mes de noviembre la votación de la destitución de Dilma. Lo que ocurrió hoy en el TCU era lo que faltaba", indicó.
Entre las varias irregularidades detectadas están las llamadas "ruedas fiscales", que son maniobras mediante las cuales el gobierno retiene dinero que debe entregar a los bancos públicos para pagar a los beneficiarios de programas sociales.
Como los bancos pagan esos beneficios en tiempo y forma, se configura una especie de préstamo al Estado, lo que está prohibido por la Constitución.
Además de las "ruedas fiscales", el TCU cuestionó la promulgación, por parte del Ejecutivo, de decretos que permitieron la apertura de créditos suplementarios, que se usan para reforzar presupuestos de servicios públicos, sin la autorización previa del Congreso.
En ambos casos, el gobierno niega que se haya incurrido en alguna irregularidad y argumenta que esas prácticas fueron adoptadas por gobiernos anteriores, sin haber sido cuestionadas por el TCU.
No obstante, el plenario del TCU consideró que esas y otras prácticas hacen que las cuentas públicas de 2014 "no estén en condiciones de ser aprobadas". El relator del proceso en el TCU, Augusto Nardes, calificó el escenario del año pasado como de "caos fiscal".
En su voto, que fue acompañado por los otros ocho magistrados que integran ese tribunal, Nardes dijo que durante 2014 hubo una política expansiva de gastos "sin sostenibilidad fiscal y sin la debida transparencia". Además, criticó el maquillaje de los balances, obtenido mediante la retención de recursos.
"Se entiende que los actos fueron practicados para evidenciar una situación fiscal incompatible con la realidad", afirmó.
Legisladores del PT arremetieron contra el relator, a quien calificaron de "golpista".
"Este es el golpista que pretende ir al tacho de basura de la historia siendo el mentor de un golpe jurídico #NardesSemMoral", expresaron los legisladores del partido de izquierda a través de la cuenta de la bancada en Twitter. El mensaje está acompañado por una foto de Nardes, quien está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción.
El titular de la Abogacía General de Brasil, Luís Inácio Adams, quien estuvo presente en la sesión del TCU, rechazó que el gobierno haya violado la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La palabra final sobre el asunto la tiene ahora el Congreso, puesto que el TCU es un organismo auxiliar del Legislativo y no integra el Poder Judicial. Por esta razón, sus veredictos tienen valor de recomendación a los parlamentarios.
No obstante, el dictamen del tribunal, tal como afirma la oposición, puede servir de fundamento para reforzar los pedidos de destitución de Rousseff.
Según destacó el analista del portal "UOL", Igor Gielow, "con o sin análisis del veredicto por parte del Congreso el pedido de destitución basado en irresponsabilidad fiscal del gobierno ahora obtuvo fundamento técnico oficial".
El informe del TCU, de 1.400 páginas, será evaluado por la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, y después por los plenarios de la Cámara Baja y el Senado.
