Transporte público, ¿a quién le interesa?

¿Cuál es la razón por la cual una persona preferirá desplazarse en su propio vehículo, dentro de la mancha urbana de una ciudad, aún cuando hacer eso le implique la necesidad de asumir costos mayores?

Un número importante de personas responderán al cuestionamiento anterior diciendo que la principal razón por la cual prefieren utilizar su vehículo particular es porque no tiene como alternativa un sistema de transporte público eficiente y de buena calidad.

¿Cuántas personas dejarían de utilizar su automóvil si tuvieran la posibilidad de movilizarse en transporte público? Diversos estudios realizados en diferentes ciudades del mundo indican que entre el 10 y el 50 por ciento de los automovilistas estarían dispuestos a dejar sus autos en casa si contaran con un sistema de transporte que les ofreciera el servicio que requieren.

¿Cuál sería el impacto que tendría la implementación de una estrategia que se propusiera seriamente convencer a un número importante de automovilistas a dejar de utilizar sus coches?

Incluso si el porcentaje de éxito fuera bajo, los beneficios de una estrategia como ésta serían múltiples: desde la reducción en los tiempos de traslado -a causa de un menor congestionamiento vial- hasta la disminución en la emisión de contaminantes a la atmósfera, pasando por un importante etcétera.

¿Qué tan costoso resultaría para las comunidades financiar la puesta en operación de sistemas de transporte como los requeridos?

De acuerdo con el proyecto elaborado para la zona metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, la puesta en operación de un sistema de transporte público eficiente sería de unos mil 850 millones de pesos.

Dicho el número así, da la apariencia de ser una suma realmente muy alta y que sería difícil de financiar incluso para el Gobierno Estatal, pues para destinar una partida de ese tamaño a un sólo proyecto se antoja necesario dejar de realizar otras acciones.

Sin embargo, no hace falta sino revisar algunas cifras recientes de gasto realizado en nuestra ciudad para darnos cuenta de que no necesariamente se trata de una cifra que se encuentre fuera del rango de posibilidades de los municipios de la zona metropolitana.

Como botón de muestra basta señalar que el costo final de construcción del distribuidor vial “El Sarape” fue casi el mismo que la cifra referida y que el “beneficio” generado por tal obra es cuestionable en términos sociales si lo comparamos con la posibilidad de haber destinado dichos recursos a la puesta en operación de un sistema de transporte público eficiente.

En otras palabras, el problema no es el dinero, sino la ausencia de compromiso y de creatividad de nuestras autoridades -de todos los niveles-, pues la proliferación de pasos a desnivel se vuelve absolutamente innecesaria si se piensa en términos de las personas y no de los automóviles.

Pero para pensar así, por supuesto, es necesaria una mentalidad de servicio a la comunidad y que la prioridad del sector público sea realmente el ciudadano de pie y no los propietarios de automóviles.