Texas elimina ayuda a localidades pobres de la frontera
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En los últimos meses, la legislatura redujo los presupuestos de las universidades que ofrecen inmunización y revisiones médicas a los menores y otros residentes de las colonias
ALAMO, Texas, E.U. — Texas tiene una economía floreciente desde hace 20 años, pero a lo largo de la frontera con México medio millón de personas viven en barrios pobres con casas precarias, remolques destartalados y viviendas pequeñas.
Hay más de 2.300 de estas “colonias” en Texas. Son comunidades que surgen alrededor de las ciudades en las que viven familias pobres hispanas. Algunas son verdaderos barrios de emergencia sin agua potable ni recolección de basura, y desde la década de 1990 el estado invirtió cientos de millones de dólares tratando de mejorar las condiciones de las colonias existentes e impedir que surjan otras nuevas.
Pero ese compromiso está en duda ahora. En los últimos meses, la legislatura redujo los presupuestos de las universidades que ofrecen inmunización y revisiones médicas a los menores y otros residentes de las colonias. No renovó un programa que suministra agua corriente y desagües. Y el gobernador republicano Greg Abbogtt acaba de cerrar la oficina que desde 1999 coordinaba las tareas de varias dependencias en esas comunidades.
Los legisladores que representan las zonas de la frontera y grupos que ayudan a los indigentes temen por el futuro de las colonias.
“Es como si las colonias ya no fuesen un problema. Y eso no es cierto”, afirmó Nick Mitchell-Bennett, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Comunitario de Brownsville, que ayuda a los residentes de las colonias a conseguir casas más sólidas. “Estamos volviendo a los años 70 y 80”, cuando las condiciones fueron peores que nunca.
Desde los años 50, los inmigrantes mexicanos que no podían pagar por las viviendas de las ciudades han estado construyendo casas en matorrales desde Texas a California, comprando lotes divididos ilegalmente en áreas sin servicios públicos ni códigos de construcción. Algunos de estos barrios están hechos de restos de madera contrachapada, con carteles viejos como revestimiento y neumáticos de camión en los techos para evitar que se vuelen. Otras casas son más sustanciales, más dignas de un suburbio típico. La mayoría de los residentes están en el país ilegalmente, pero algunos tienen sus papeles inmigratorios en orden.
Antes de que su padre construyese una casa de dos ambientes en un sector conocido como el “Pequeño México”, la familia de Eva Carranza se instaló en la mitad de un remolque en mal estado tras cruzar la frontera ilegalmente procedente de Reynosa. Otra familia vivía en la otra mitad.
“El baño estaba afuera. Teníamos que salir para todo porque el agua no estaba conectada al tráiler”, expresó Carranza.
Los residentes trabajan en ciudades vecinas. Carranza gana unos 350 dólares al mes cuidando niños y limpiando casas.
Los republicanos conservadores que controlan el gobierno de Texas desde hace décadas se oponen a la inmigración ilegal, pero lanzaron una serie de programas para combatir problemas sanitarios. Dependencias públicas ampliaron algunas líneas de agua y de desagües, pavimentaron calles y trataron de eliminar tanques sépticos ilegales y acumulaciones de agua que traen enfermedades.
La oficina de Abbott afirma que no está abandonando estas colonias.
“Es bien sabido en las comunidades de la frontera que ningún gobernador ha viajado a la frontera y trabajado con las autoridades locales más que el gobernador Abbott”, afirmó su portavoz John Wittman.
No es fácil determinar cuánto dinero el estado está asignando a las colonias ya que los fondos federales y estatales pasan por distintas agencias y condados. Pero algunos organismos que trabajan en las colonias dicen tener la impresión de que la ayuda se está desvaneciendo.
Médicos y estudiantes de medicina de la Universidad de Texas y el Valle del Río Grande, que ofrece vacunas y consultas gratis a una docena de colonias, dice que recibe menos pacientes tras perder 7 millones de dólares como consecuencia de los recortes al presupuesto educativo.
“Van a sufrir”, pronosticó Manusov, aludiendo a los residentes de las colonias. “Va a hacer mucho daño a las colonias”.
Según un recuento del 2014, el más reciente que hay, más de 37.000 personas vivían en colonias de alto riesgo, sin agua potable ni un sistema de drenaje. Otras 127.000 ocupan sitios que representan riesgos “intermedios” para la salud. El año pasado, la incidencia de tuberculosis en el condado de Hidalgo, donde hay más de 900 colonias alrededor de McAllen y otras localidades de la frontera, era el doble que el promedio estatal.
Cynthia Alonso, de 28 años, dice que su colonia South Tower está recibiendo menos asistencia. “Venían algunos camiones con medicinas para la gente. Revisiones gratis. Pero ya no”.
La legislatura estatal no renovó este año un pilar de los programas de asistencia a las colonias, el Programa para Áreas Económicamente Afligidas. Los últimos 50 millones del fondo, que lleva agua potable a las casas y reemplaza tanques sépticos al aire libre, se acabarán seguramente el año que viene, de acuerdo con Amanda Levin, subdirectora ejecutiva de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas.
La decisión de Abbott de junio de eliminar el Programa de Iniciativas para las Colonias, que coordinaba los proyectos para esas comunidades, sorprendió a los activistas a favor de los residentes de estos barrios y fue visto como un revés para la procuraduría general del estado, que trata de impedir la proliferación de nuevas colonias combatiendo a los especuladores que venden las tierras.
“Era un gran recurso”, comentó Audon Gutiérrez, director de la unidad de prevención de colonias. Los ocho integrantes del programa “eran gente que tenía bien controlada la situación”.
Wittman sostuvo que el programa sobraba y que el dinero debía ir directamente a las colonias y no ser usado para costear “una burocracia más grande”.
La representante estatal demócrata Mary González, que representa a más de 250 colonias de la zona de El Paso, dijo que la eliminación de esa oficina refleja las duras posturas hacia la inmigración ilegal que hay en la legislatura.
Opinó que la eliminación del programa “no conllevaba costo político alguno... porque, de todos modos, siempre la emprendieron contra las comunidades de la frontera”.
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