SNTE: el costo de sus privilegios

Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero habrá que repetirlo en cada ocasión en la cual salgan a la luz las evidencias: durante muchos años hemos sospechado que la convivencia entre el sindicato magisterial y el poder nos ha salido muy cara a los ciudadanos. Hoy tenemos ante nosotros las evidencias de que la sospecha siempre estuvo fundada.

Una muestra de ello es el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al “ahorro” que la Secretaría de Educación de Coahuila ha logrado a partir de que se dejó de pagar el salario de 308 “profesores” que gozaban de “comisión sindical” para ausentarse de sus tareas ordinarias y dedicar el 100% de su tiempo a las “tareas sindicales”.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la autoridad educativa de la entidad, tan sólo en el año 2015 dejaron de pagarse “entre 20 y 30 millones de pesos” por concepto de salario a los profesores comisionados en las diversas oficinas de las tres secciones que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene en Coahuila.

Valdrá la pena, desde luego, que la SEDU precise el dato, pues entre 20 y 30 millones hay mucho dinero de por medio. Pero incluso considerando que se trate de la cifra más baja, estamos hablando de una cantidad más que considerable por sexenio: 120 millones por lo menos.

Lo más agraviante del asunto es el significado del término “comisionado”: quería decir, hasta hace muy poco, que el profesor a quien se “comisionaba” no solamente dejaba de tener la obligación de realizar un trabajo a cambio del salario que como profesor le pagamos los contribuyentes: además de eso, accedía a la posibilidad de cobrar un salario doble.

En efecto, la parte más importante de ser “comisionado” —para quienes forman parte del gremio magisterial— siempre fue la posibilidad de cobrar un doble sueldo: el relativo a la plaza de la cual se obtenía la “comisión” y el relativo al puesto en el cual se desempeñaba el “comisionado”.

Pero además de eso, el presupuesto educativo debía absorber el costo de colocar a un sustituto en el lugar del “comisionado”, pues alguien debía realizar el trabajo del “profesor” ausente.

Por ello, no solamente debe contabilizarse en el “ahorro” logrado por la SEDU el equivalente al salario que indebidamente se pagaba a los 308 “comisionados” sindicales, sino también el costo de las plazas interinas que debían sufragarse para garantizar la operación cotidiana del sistema educativo.

Adicionalmente, valdría la pena que se iniciaran procedimientos de responsabilidad en contra de quienes se beneficiaron indebidamente con tales prerrogativas, así como de aquellos que permitieron un abuso de esta magnitud en contra del presupuesto educativo.

Siempre hemos sospechado que los dirigentes magisteriales se han dedicado a expoliar el presupuesto público. Ahora que tenemos la certeza de ello no podemos conformarnos simplemente con saber que teníamos razón.