Simas: ¿por qué debe obligárseles a cumplir?
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Cumplir y hacer cumplir la ley constituye la esencia de la responsabilidad pública que todo funcionario gubernamental asume al aceptar un cargo. Luego entonces, el cumplimiento cabal de las normas no debería estar sujeto a controversia, ni debería implicar pronunciamientos por parte de ningún órgano especializado.
Cumplir con las normas tendría que ser un acto ordinario que los servidores públicos asumieran como algo natural y no como una imposición derivada de una disputa. Pero tal lógica, según las múltiples evidencias que tenemos a la mano los ciudadanos, claramente no funciona en nuestro País.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la resolución emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que obliga a los organismos operadores de los sistemas de agua potable, de 13 municipios de la entidad, a informar a los ciudadanos si cuentan o no con el certificado que, conforme a una norma oficial mexicana, expide la Secretaría de Salud y que determina la calidad del agua que aquellos distribuyen.
La resolución emitida por el ICAI se da luego de que a los SIMAS de Candela, Morelos, Acuña, Francisco I. Madero, San Buenaventura, Allende, General Cepeda, Piedras Negras, Arteaga, Matamoros, San Pedro, Castaños y Parras, diversos ciudadanos les solicitaran la información respectiva y los responsables de los mismos se negaran a proporcionarla.
El cuestionamiento resulta obligado: si el referido certificado es de obtención obligatoria, de acuerdo con las normas vigentes, e incluso, de conformidad con la resolución del ICAI, la exhibición del mismo debería formar parte de la información mínima que, de oficio, deben difundir los sistemas operadores, ¿por qué debió pronunciarse el órgano garante en este caso?
La respuesta es bastante simple y la conocemos todos: porque, con todo y lo que se diga, la transparencia continúa siendo una asignatura que buena parte de la burocracia mexicana sigue sin digerir y a la cual se resistirá por todos los medios a su alcance.
El número de organismos operadores a los cuales hoy ha “obligado” el ICAI a transparentar la información relativa a este certificado deja claro que no se trata de un hecho aislado, ni de una conducta en la cual pretenda refugiarse un funcionario a quien podría ubicarse como la excepción a la regla.
Estamos hablando, además, de 13 organismos operadores ubicados en municipios importantes de la entidad, cuyos directivos no pueden alegar desconocimiento de la norma o una situación de “precariedad” que les impediría, eventualmente, cumplir con la misma.
Está muy bien, por supuesto, que el ICAI actúe en su papel de garante del derecho de acceso a la información. Lo que está muy mal es que para un asunto de carácter elemental los ciudadanos deban invertir tiempo en “derrotar” las pulsiones de los funcionarios que siguen pensando en la posibilidad de regresar a la época de la opacidad absoluta
