Secretario del Trabajo pide a empresarios apoyar El Buen Fin

GUADALAJARA.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado al sector privado para que adelanten 50 por ciento del aguinaldo a sus trabajadores y con El Buen Fin dinamizar el mercado interno y la economía.
 
Entrevistado al término de la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI), organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), solicitó a los empleadores cumplir en tiempo y forma con el pago de esta prestación a sus colaboradores.
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, está más que lista para, gratuitamente, asesorar y para representar a cualquier trabajador que no se le pagara el aguinaldo o reparto de utilidades, expresó.
 
Navarrete Prida afirmó que una vez que sea aprobado el Paquete Presupuestal para 2017, gobierno, empresarios y sindicatos se sentarán a evaluar la posibilidad de incrementar el salario mínimo.
 
Sin embargo, aclaró que dependerá de los ingresos que tendrá el país para el siguiente año si se determina algún incremento al salario mínimo, aunque lo ideal sería que se ajustara antes de diciembre, cuando constitucionalmente se debe decretar el aumento.
 
"No hemos quitado el dedo del renglón en este tema, el cual será a través de una decisión tripartita y responsable", enfatizó.
 
Sobre la reforma en materia de justicia laboral, el funcionario federal celebró la aprobación en comisiones del Senado de la República de los cambios a los artículos 107 y 123, y confió en que en breve se concrete en la Cámara de Diputados.
 
Confió en que se podrá contar, antes de que concluya el sexenio, con un nuevo instrumento legal más ágil, expedito y que beneficie a los trabajadores al eliminar por completo los contratos de protección y los recuentos amañados.
 
Respecto a la deducibilidad de las prestaciones que piden los empresarios, el titular de la STPS consideró correcta la determinación de la Suprema Corte de Justicia de no permitir que sea el gobierno quien pague esos derechos de los trabajadores mediante exenciones fiscales, pues son los patrones quienes deben cubrirlas.