Salvador Cienfuegos
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El próximo 6 de diciembre el Ejército Mexicano cumplirá 10 años haciendo labores de seguridad pública. Felipe Calderón, “el presidente del empleo”, decretó su guerra contra el narcotráfico para legitimar su gobierno, y sin diseñar e impulsar un marco legal que diera legalidad o certidumbre a esta encomienda. Sólo se aferró a su capricho, a su improvisación absurda. Durante sus primeros 60 días de gobierno, FCH presidió 18 actos militares como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En el primero de ellos portaba un atuendo semimilitar que le quedó (literalmente) grande.
Desde 2007 la Organización de Naciones Unidas, apoyada en su experiencia global, desaconsejó el uso de las fuerzas armadas, considerándolo factor de alto riesgo para las garantías individuales porque su formación y entrenamiento eran para otras misiones, no para responder a situaciones de orden interno y labores de seguridad pública.
En la develación de la placa conmemorativa a los 100 años del Ejército Mexicano (12, noviembre, 2013), el General de División D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda fue perfectamente claro:
“Insistimos con convicción que los soldados de México confiamos plenamente en que el pensamiento parlamentario en esta Alta Tribuna encauce a nuestras instituciones a través del marco legal que nos otorgue.
“Valoramos sus decididos esfuerzos para disponer de normas que permitan cumplir mejor nuestras responsabilidades y lo que somos ahora.
“Los últimos 100 años de la Nación reiteran nítidamente lo que en su momento y lugar fuimos los mexicanos y lo que somos ahora”.
Este impecable llamado cayó en oídos, mentes e intereses ciegos y sordos. Ah, pero al gabinete del Gobierno actual les urgían las reformas estructurales.
La iniciativa privada, representada por el Consejo Coordinador Empresarial, ofreció constituirse en canal solidario y exigió a los legisladores apoyar a las Fuerzas Armadas con un marco jurídico que salvaguarde sus actividades en materia de seguridad pública, debido a que en los últimos años el Ejército ha realizado esa labor, que constitucionalmente no le corresponde.
Este País ya padece las consecuencias de arrastrar este pendiente ético y político. En el glosario de términos de Seguridad Interior, ésta se define como la función del Estado de velar por la seguridad y el orden interno, manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de ésta emanen para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación, conteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado.
Dejar intencionalmente en el aire el tema de marco jurídico para salvaguardar las actividades de las Fuerzas Armadas, es evadir la responsabilidad en la toma de decisiones y, dolosamente, convierte al Ejército en el malo de la película o en el que tiene permiso para hacer cualquier cosa o las dejan al garete. Así es que la población civil estamos más indefensos que nunca, desdeñados en la figura “daños colaterales”.
¡Decídete a ser feliz hoy!
@_A_lfonsina
