El presidente de la Comisión del Transporte en el Ayuntamiento de Saltillo, Ramón Eduardo de la Peña Padilla, confirmó ayer que la administración municipal obsequiará la petición que le han formulado los concesionarios del sistema de transporte público para incrementar el precio del servicio que proporcionan en la capital coahuilense.

La “buena noticia”, de acuerdo con el Edil saltillense, es que el incremento que habrá de proponerse al Cabildo no será del orden de 30 por ciento sobre la tarifa actual, sino de un poco más de la mitad de dicha cifra; es decir, más o menos un 16 por ciento.

“Estamos en buenos términos (con los concesionarios del servicio), pero hay detallitos que todavía estamos afinando para que no le golpee tanto a la gente”, dijo el representante popular al explicar que se ha establecido un esquema de reuniones con los concesionarios para analizar la petición de incremento en la tarifa.

Frente a la declaración del Edil, resulta obligado preguntarse cuáles serán esos “detallitos” que estarán analizando en la Comisión del Transporte y, sobre todo, cómo es que el análisis de los mismos podría lograr que el incremento “no le golpee tanto a la gente”.

Y es que si en algo existe consenso –no sólo en Saltillo, sino en casi cualquier ciudad del País– es que el sistema de transporte público cuesta más de lo que vale en estos momentos, razón por la cual cualquier incremento, por mínimo que sea, constituye un golpe a la economía de quienes utilizan dicho sistema.

En otras palabras, la única forma de que el incremento a las tarifas del transporte público “no golpee” la economía de las familias con menos recursos es que no se autorice. Fuera de ello, cualquier aumento en dicho costo implicará obligar a los usuarios del servicio a destinar mayores recursos para moverse dentro de la ciudad, lo cual necesariamente implica que dejen de gastar en otras cosas.

O, para decirlo aún más claro: cualquier incremento en la tarifa es absolutamente inaceptable y representa un atentado contra la economía de las familias con menores recursos.

El Ayuntamiento de Saltillo tendría que explorar mecanismos alternos para mantener el costo del servicio en el nivel en que se encuentra actualmente, entre ellos el del subsidio al precio del pasaje, tal como ocurre con múltiples servicios de este tipo en el mundo.

Los integrantes de dicho cuerpo colegiado tendrían que ser capaces de exhibir un poco de imaginación –y de disponibilidad– para no suscribirse al discurso fácil según el cual, debido a que las gasolinas han incrementado su precio, todos los precios deben hacerlo en la misma proporción.

Pero para eso, desde luego, se requiere un mínimo de compromiso con la ciudadanía y una dosis importante de entendimiento respecto de la forma en la cual, precios como el del transporte público, afectan la economía de miles de familias que dependen de dicho sistema para movilizarse.