Recursos magisteriales, ¿más irregularidades?

El sector magisterial ha sido uno de los que mayor lupa ha tenido en los últimos años, sobre todo tras la reforma educativa, con la que se generaron cambios importantes en la relación laboral entre el Estado y los sindicatos de los maestros. 

La razón es sencilla: había recursos que no eran auditados como sería deseable, por lo que no fue descabellado pensar que liderazgos de estas organizaciones pudieron obtener un beneficio. 

La reforma educativa es una de las enmiendas que mayor respaldo han recibido por parte de la sociedad civil, evidentemente algunos sectores magisteriales que perdieron privilegios con estos cambios fueron los que mayor repulsa tuvieron a estas enmiendas.

Estos comentarios vienen a cuento ante el reporte periodístico que publicamos en esta edición sobre el presunto pago de casi 9 mil millones de pesos a docentes que cobran como maestros, pero están comisionados a actividades administrativas.

Según un reporte de la Secretaría de la Educación Pública, durante 2016 se habrían realizado pagos a funcionarios del sector educación que no realizan su labor frente a un salón de clases. Esta circunstancia, de suyo, sería una violación a Ley del Servicio Profesional Docente, como lo ha reseñado Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey y de la asociación México Evalúa. 

Esta circunstancia sería una prueba de los atavismos que se mantienen en el sector educación, pese a la modernización del marco jurídico. 

Una situación de este tipo –en caso de cumplir con las inconsistencias reseñadas por el reporte oficial y los expertos– debe de ser corregida, en aras de llevar la correcta implementación de este tipo de enmiendas.

En la información oficial publicada, también aparece Coahula. Aunque ocupa el lugar 18 entre las entidades con mayores recursos destinados a este rubro, no puede dejar de ser reseñado que el mismo Estado ha sido evidenciado en anteriores ocasiones por ser una de las localidades con mayor porcentaje de personal con plaza docente que realiza labor administrativa.

Cualquier mejora en el sector educativo no debiera ser regateada por algún integrante de la sociedad civil. Si la prohibición de este tipo de pagos está considerada en la reforma porque abona para tener un mejor sistema, cualquier tipo de metodo correctivo debiera ser aplicado.

En aras de una mayor transparencia y la correcta implementación del gasto público, una situación de este tipo no debiera ser bienvenida. Ni siquiera para un sector como el educativo que se ha visto lastimado por malas prácticas de algunos liderazgos.