Piden investigar agresiones a periodistas en gobierno de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- México es el país de América Latina más mortífero para los periodistas, con 99 casos de asesinatos del año 2000 al 2016, y el estado de Veracruz es el lugar más peligroso para los reporteros del Continente, advirtió la organización Reporteros Sin Fronteras.

La organización demandó al gobierno de Veracruz emprender medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los tres periodistas desaparecidos y los 17 asesinados durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia.

Al presentar el informe de la misión especial que tuvieron en el país el año pasado, Emmanuel Colombié, director para América Latina, y Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, mencionaron que durante la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, esa entidad fue la más peligrosa para los periodistas.

“Las estadísticas de los últimos cinco años son una muestra: Veracruz es el lugar más peligroso del continente para los medios de comunicación, en un México que oficialmente no se encuentra en guerra pero que padece desde hace décadas la violencia de los cárteles de la droga”, señala el documento.

“Desde los primeros meses del gobierno de Duarte de Ochoa --hoy prófugo de la justicia-- comenzaron a registrarse asesinatos de periodistas; rápidamente éstas se multiplicaron. Las primeras víctimas fueron los reporteros que investigaban los nexos entre el crimen organizado y los políticos”, señalaron.

Destacaron que el gremio no sólo se enfrenta a las agresiones orquestadas por las organizaciones criminales sino también las de las autoridades locales; como ejemplo mencionaron que en el mandato de Javier Duarte fueron asesinados 17 periodistas y se registraron tres desaparecidos.

Advirtieron que hay un problema de impunidad debido a que de los 17 casos registrados en esa entidad, ninguno ha sido esclarecido y la justicia no ha condenado a nadie por esos hechos.

Los datos que presentan en su informe mencionan que a nivel país, entre 2001 y 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 037 quejas por actos de violencia contra medios de comunicación y periodistas.

El número de agresiones en 2009 fueron 238, para el siguiente año bajó a 162, sin embargo, a partir del 2011 comenzó a aumentar la cifra de agresiones contra periodistas al registrarse 172; en el año 2012, 207; 2013 con 330; 2014, 326 agresiones y 2015 llegó a las 397 agresiones.

En el año 2000 fueron asesinados tres periodistas; entre 2001 y 2005 fueron 13; entre 2006 y 2010, 37 periodistas fueron asesinados. En el periodo que va de 2001 a 2015 ocurrieron 35 asesinatos y en 2015 fueron ultimados 11 periodistas.

RECOMENDACIONES

Reporteros Sin Fronteras hizo una serie de recomendaciones al gobierno federal, de Veracruz, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo Nacional de Protección, la CNDH y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de PGR.

A las autoridades e instancias nacionales les plantearon que se respete el Estado de Derecho en todo el país y que se intensifique la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, garantizar el respeto a las libertades fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información.

Articular mejor los mecanismos de protección de periodistas, intensificar la lucha contra la impunidad, agresiones a periodistas incluida las cometidas por cárteles, representantes del Estado y de los gobiernos; otorgar sistemáticamente medidas de protección a periodistas amenazados y sus familias; además de incrementar los recursos financieros y humanos a la FEADLE, CEAV, y al Mecanismo de Protección.

A la Fiscalía especial de la PGR que dé a conocer de manera pública el seguimiento de cada uno de los casos, con información detallada sobre el tipo de agresiones a periodistas; que informe el número real de investigaciones, el número de detenidos y juzgados.

Que cuente con personal calificado y expertos en sicología que estén en contacto directo con las víctimas; contar con oficinas en las entidades más peligrosas para el gremio y que trabajen de manera estrecha con los ministerios públicos; que cuando se sospeche que las autoridades locales son responsables de agresiones a periodistas, que se haga cargo de la investigación hasta garantizar la consignación.

Que se indemnice correctamente a las víctimas y que en los casos de desaparición forzada se dé prioridad a las investigaciones, se asegure que se realicen como es debido y se les informe a los familiares.

Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que dé de manera rápida y sistemática las medidas de protección; que evite la rotación del personal sobre todo de los encargados de realizar los análisis de riesgo; además de mejorar la comunicación entre los representantes del gobierno federal, los integrantes del Consejo Consultivo y los beneficiarios.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que cree un área especial dedicada a atender a los periodistas víctimas y que se atienda a sus familiares tanto de desaparecidos como de asesinados.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mayor transparencia en sus acciones y difundir información sobre le seguimiento y resultados de sus recomendaciones en materia de libertad de expresión; que trate con mayor rapidez los casos más graves y se encargue de aquellos que las comisiones locales no pudieron tomar en cuenta.

Que mejore la implementación de las medidas preventivas de protección a los familiares; que elabore un plan de indemnización por violaciones a los derechos humanos de las víctimas, que garantice que las recomendaciones se sigan y que dé a conocer públicamente cuando las autoridades locales impidan que éstas se lleven a cabo.

Al gobierno de Veracruz que establezca una política clara, eficaz y transparente para garantizar la seguridad de los periodistas y el libre ejercicio de la profesión; implementar medidas urgentes para poner fin cuanto antes a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas vigilando que se apliquen las sanciones previstas en la ley; que se comprometa a abrir las investigaciones por las tres desapariciones y los 17 asesinatos durante la administración de Javier Duarte.

Al poder legislativo local que regule la asignación y distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación con base a criterios claros, precisos, transparentes y no discriminatorios; que se hagan cambios legislativos para que los órganos de procuración e impartición de justicia cumplan con su encomienda constitucional.

Mientras que a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas que continúe con los esfuerzos para que exista una mayor transparencia en sus acciones; que instale oficinas en zonas más aisladas para que se actúe con más rapidez; que tenga personal especializado y que rinda un informe periódico ante las organizaciones de la sociedad civil sobre los resultados obtenidos de la protección.