Pide diputado de Coahuila al IMSS que se agilicen trámites de incapacidad

El Congreso de Coahuila pedirá al Instituto Mexicano del Seguro Social mayor agilidad a la hora de expedir documentos de incapacidad a derechohabientes que hayan sido tratados o intervenidos en clínicas fuera del municipio donde residen.

Ayer se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo del diputado Armando Pruneda Valdez, que tiene por objetivo terminar con la burocracia a la que son sometidos los trabajadores que fueron atendidos en un lugar distinto al que residen.

“Un trabajador que se encuentra incapacitado por motivos de salud, debería contar con un sistema ágil, simple y preparado para este tipo de vaivenes, que le permita obtener sus incapacidades de forma fácil y sin tantas pérdidas de tiempo y recursos para él y sus familiares”, comentó.

Hay casos en que, aunque reciban la incapacidad del médico que los haya atendido en la clínica foránea, esta no cuenta para efectos legales y requieren que el médico local les expida una, luego, si ese médico no se encuentra, deben esperar a que los pueda atender, o iniciar todo un proceso para que sea otro quien extienda la incapacidad.

“Al ser analizada, es fácil deducir que puede ser solucionada por el Instituto con medidas simples o un protocolo que corrija los problemas ya mencionados; incluso con la implementación de un sistema especial para este tipo de casos”.

COYOTAJE EN JLCYA
Debido a la alta incidencia de esa práctica en la entidad, el Congreso pedirá a autoridades estatales y federales detener el coyotaje que se da en las juntas de conciliación y arbitraje. El Partido Acción Nacional señaló que miles de personas son víctimas de esas prácticas que promueven los abogados de manera ilegal.

En sesión permanente, se aprobó el punto de acuerdo de la diputada Yolanda Acuña Contreras, para solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a la Secretaría del Trabajo de Coahuila, combatir la práctica del coyotaje en las juntas de conciliación y arbitraje.

El punto de acuerdo busca que las dependencias informen a los trabajadores que cuando se trata de iniciar un procedimiento laboral en forma, de acuerdo a la legislación laboral moderna, tienen derecho a ser atendidas por una abogado profesional, debidamente titulado y con cédula vigente, o bien, por un procurador obrero gratuito, para recibir asesoría, y, en su caso, una representación legal eficiente.