PGR cesó a más de cien funcionarios por irregularidades
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Entre septiembre de 2015 a junio de 2016, la PGR recibió 3 mil 165 quejas por corrupción y concluyó 104 procedimientos que derivaron en la remoción de 135 servidores, de acuerdo con un informe
Ciudad de México.- En diez meses, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 3 mil 165 quejas por corrupción, inició 459 averiguaciones previas, determinó 835, libró 97 órdenes de aprehensión y cumplimentó 66.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, la PGR concluyó 104 procedimientos por corrupción que derivaron en la remoción de 135 servidores públicos, de conformidad con el diagnóstico del Sistema de Justicia, entregado al Senado.
De acuerdo con el informe publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria, la PGR detectó tiempos prolongados sin actuar, abuso de autoridad, omisión de prácticas de diligencias necesarias, indebida práctica de cateo y de retención entre las conductas con mayor ocurrencia que derivaron en la emisión de visitas.
“En este contexto, es posible suponer que la corrupción y las malas prácticas al interior de la institución derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional retratadas a lo largo de este diagnóstico, así como del estado que guarda el diseño del servicio profesional de carrera del personal sustantivo que pocas veces se traduce en una mejora real en las percepciones recibidas, así como en su desarrollo profesional”, dice el informe.
La dependencia advirtió que el escalafón de ingresos y rangos no es proporcional con el número de años en el empleo y con el incremento en el costo de vida.
Entre las conclusiones en el documento de 63 cuartillas, se reitera lo dicho por el procurador Raúl Cervantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de que es necesario establecer estándares de operación homogéneos para la federación y las entidades federativas que aseguren el cabal cumplimiento del modelo aprobado en 2008.
El documento enfatiza que de ello dependerá que el ideal constitucional de universalidad del acceso a la justicia se materialice como un presupuesto ineludible para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la ley y tratados internacionales.
