Pemex pierde pelea contra ‘chupaductos’ en México

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha gastado de todo y para todo en materia de seguridad para combatir el robo de combustibles, pero las incidencias delictivas en sus instalaciones van en aumento.

Desde 2008 a la fecha, ha puesto en operación al menos 15 programas de seguridad con un costo que supera los 28 mil 312 millones de pesos, que van desde el uso de drones, aviones y lanchas no tripuladas, vehículos tácticos de reacción rápida, radares Sentinel, un sistema de monitoreo de ductos (SCADA), la construcción de un centro de inteligencia en la exrefinería 18 de marzo, actualización de las plataformas informáticas y la adquisición de unidades de puesto de mando móviles, así como la construcción de guarniciones militares, entre los principales.

Sin embargo, el crimen organizado realiza una toma clandestina cada 2.4 kilómetros de la red por donde se transportan hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, estimada en 17 mil kilómetros y operada por la recién creada filial Pemex Logística.

En 2008, de acuerdo con la información de Pemex, se registraron 392 tomas clandestinas. En ese año, la petrolera alertaba sobre “actos vandálicos de los que se han visto objeto los sistemas de transporte por ducto a cargo de PEP”. Ocho años después, la empresa reconoce el incremento en las actividades delictivas con una bitácora de tomas clandestinas que en el primer bimestre de 2017 arrojan casi 29 perforaciones por día en su red de ductos.

SEGURIDAD FÍSICA

Uno de los principales proyectos, el denominado Seguridad Física de Pemex Exploración y Producción, en vigencia desde 2012, pero modificado en julio de 2016 (derivado de una auditoría interna de Pemex) y con un costo de 3 mil 788.3 millones de pesos, según los informes de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consiste en emplear tecnologías de vanguardia para fortalecer la seguridad física de todas las instalaciones; el sistema está en operación parcialmente.

El sistema fue cuestionado por la administración de Emilio Lozoya Austin, la cual consideró al momento de recibir los equipos adquiridos que la mayor parte “no cumplían con las características para el propósito que fueron comprados”. Criticaron que los drones tuvieran muy baja capacidad de desplazo en el aire. Funcionarios de esa administración consultados y que pidieron no ser citados, indicaron que es muy probable que la mayor parte de esos equipos estén almacenados u olvidados.