Oklahoma dejará de ejecutar a sus presos condenados a muerte
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El procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, se comprometió a no solicitar ninguna ejecución hasta 150 días después de que la investigación esté concluida
AUSTIN.- El estado de Oklahoma renunció a ejecutar a sus presos condenados a muerte al menos hasta 2016, cuando espera concluir la investigación sobre el uso de un fármaco erróneo en una inyección letal en enero pasado.
Además, el procurador general de Oklahoma, el republicano Scott Pruitt, se comprometió a no solicitar ninguna ejecución hasta 150 días después de que la investigación esté concluida, sea pública y su oficina reciba la notificación de que el estado está en condiciones de cumplir con su propio protocolo.
Con este compromiso en mano, Pruitt y los abogados de los tres reos que el estado sureño pretendía ejecutar en las próximas semanas alcanzaron un acuerdo por el que ambas partes suspenden un litigio sobre la legalidad de las inyecciones letales que los enfrentaba en los tribunales.
El procurador general y los letrados coinciden en que el caso no debe proseguir hasta que se aclare por qué Oklahoma obtuvo el fármaco erróneo en dos ocasiones, aunque la decisión final la tiene un juez.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, paralizó la ejecución de Richard Glossip el pasado 30 de septiembre después de que funcionarios se percatasen de que el fármaco que le iba a ser inyectado era acetato de potasio en lugar de cloruro de potasio, el previsto en los protocolos.
Fue entonces cuando se hizo pública la autopsia del reo Charles Warner, ejecutado en enero también con acetato de potasio.
Oklahoma lleva un año y medio tratando de ejecutar a Glossip, a Benjamin Cole y a John Grant, pero la sucesión de errores cometidos por su Departamento de Correcciones y los consiguientes litigios han conducido a la situación actual.
Todo empezó en abril de 2014, cuando el verdugo le administró una inyección defectuosa a Clayton Lockett, que agonizó durante 43 minutos antes de morir.
Ese caso llevó a Oklahoma al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en una ajustada votación falló en junio en contra de los presos litigantes.
Ahora, con el error con los fármacos destapado el pasado 30 de septiembre, se augura un largo periodo sin ejecuciones en este estado, el segundo, tras Texas, que más aplica la pena capital.
