Muertos en penales, un fracaso del Estado
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El saldo trágico del enfrentamiento entre individuos de aparentes grupos rivales, registrado ayer en el Penal de Las Cruces, en el puerto de Acapulco, indica que murieron 28 reos. La cifra no solamente debe alarmarnos por la cantidad de vidas humanas perdidas, sino por la forma en la cual evidencia el fracaso de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus responsabilidades elementales.
Y es que resulta inadmisible el hecho de que los centros que teóricamente tienen como propósito la “reinserción social” de quienes han sido condenados por la comisión de un delito, terminen convertidos en trampas mortales para quienes habitan en ellos.
A la vista de los hechos, la primera pregunta obligada es si pudo evitarse la masacre registrada ayer y que hoy ha enlutado a un número importante de familias de aquella región del País. La segunda pregunta obligada es si este tipo de episodios podrían registrarse en cualquier otro centro penitenciario del territorio nacional.
Por desgracia, las estadísticas muestran claramente que lo ocurrido ayer en Acapulco no es un hecho aislado, sino una realidad generalizada en el territorio nacional: unos 347 reclusos habrían muerto, en el curso de los últimos ocho años, en incidentes similares al de ayer, registrados en 16 incidentes diferentes en diversos penales del País.
El caso más grave ocurrió hace poco más de un año, cuando en el penal de Topo Chico –en el vecino estado de Nuevo León– murieron 60 reos durante un motín registrado el 11 de febrero de 2016.
¿Qué está haciendo el Estado mexicano para prevenir la ocurrencia de este tipo de actos? ¿Qué está haciendo para proteger la integridad de quienes se encuentran recluidos en una prisión, pero no por ello han perdido sus derechos, entre ellos el derecho a la integridad personal?
A la vista de lo que ocurre en las prisiones mexicanas, pareciera que no mucho, pues los sucesos trágicos como el de ayer siguen registrándose con alarmante frecuencia.
Tal realidad sólo es evidencia de una cosa: la administración carcelaria constituye uno más de los rubros en los cuales las instituciones públicas del País están fallando. Y aquí estamos hablando de un rubro en el cual el Estado mexicano tiene incluso mayores responsabilidades.
Porque si a las instituciones públicas puede reclamárseles el que se encarguen con eficacia de la seguridad de quienes nos encontramos en libertad, con mayor razón le es exigible que se garantice la integridad física –y la vida– de quienes se encuentran bajo su custodia directa en calidad de detenidos.
Por ello, independientemente de que debe aclararse lo ocurrido en el penal de Acapulco, los responsables de la administración carcelaria deben explicarnos la estrategia que utilizarán para evitar que en el futuro inmediato estemos reseñando una nueva tragedia como ésta.
