Morir en Tierra Caliente (y II)

El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, desnuda la vulnerabilidad institucional –la indefensión en la que se encuentran decenas de presidentes municipales-, y la forma como los partidos políticos son laxos con sus protocolos de seguridad. Exhibe, sobretodo, las contradicciones del PRD y de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos, que hicieron de Guerrero su edén durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre. Las denuncias que ha hecho el PRD al gobierno estatal y al federal por el asesinato, son cínicas y extemporáneas. Deberían ser hechas hacia el interior del partido, que abandonó al alcalde a su suerte y contribuyó con su indiferencia, a que este crimen se consumara. Culpables no; responsables, sí.

Porqué si el alcalde estaba siendo presionado y amenazado de muerte, ¿el PRD no hizo nada por él? ¿Por qué las denuncias sobre la inseguridad que ahora hace ese partido no fueron reclamos previos para que las autoridades le brindaran garantías a su vida? De acuerdo con una tarjeta informativa del gobierno de Guerrero, Soto Duarte estaba siendo extorsionado por dos organizaciones criminales, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que le exigían 72 millones de pesos anuales, y como parte de las amenazas que recibió, hubo avisos en la forma de secuestros y asesinatos. Pese a ello, el PRD fue omiso. Quienes pudieron haber actuado, por cercanía y conocimiento de causa, estaban más ocupados en ver cómo se podían quedar con el partido, o guardaron silencio cómplice.

Es el caso de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos, que caminaron de la mano del gobernador Aguirre, y que solaparon a candidatos bajo investigación del narcotráfico a cambio de recursos para sus campañas políticas, sin importar el origen de los dineros. Los jefes políticos de Nueva Izquierda siempre han negado las imputaciones, y se han buscando deslindar de las relaciones peligrosas de sus protegidos políticamente, mediante fugas hacia delante: acusar a sus acusadores, y buscar el control del PRD. Su última apuesta fue Beatriz Mojica, que trabajó con Aguirre, que no pudieron llevarla a la presidencia.

Mojica tiene historia con Soto Aburto, quien entró a la política, como muchos en Guerrero, con el apoyo del exgobernador Rubén Figueroa, a principios de los 90s. En 2004, de acuerdo con la tarjeta informativa del gobierno de Guerrero, Soto Duarte –también muy cercano a Aguirre-, un transportista en la región de la Tierra Caliente que ofrecía servicios en Ciudad Altamirano, la cabecera municipal de Pungarabato, se afilió al PRD tras ser reclutado por las hermanas Mojica, Teresa, que era diputada federal, y Beatriz, excandidata a la gubernatura del estado el año pasado, y secretaria general del partido.

La historia de Soto Aburto, su familia y la corriente de Los Chuchos se entreveró en la última década. Su primo Isidro Duarte Cabrera, es diputado local del PRD y fue munícipe  de Cutzamala de Pinzón, donde su esposa Karime Benítez Flores, también de la misma corriente, es la alcaldesa de ese municipio.

No parece casual que a otro primo, Sebastián Soto Rodríguez, quien era chofer y jefe de escoltas de Soto Duarte, lo asesinaran y tiraran su cuerpo en un basurero de ese municipio hace tres semanas, que considera el gobierno estatal que fue la última advertencia de Los Caballeros Templarios contra el alcalde de Purangarabato, por no pagarles tres millones de pesos mensuales por protección.

La protesta perredista por el asesinato del alcalde ha sido encabezada por quienes lo abandonaron en la práctica. Este martes el presidente municipal de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, acusó a los gobiernos estatal y federal de no haber hecho nada por la seguridad de Soto Aburto pese a que sabían, por él mismo, de las amenazas en su contra. El alcalde asesinado estaba solo. Ni Velázquez Aguirre, que era su compadre, ni otros líderes de la corriente de Los Chuchos, abogaron por él. Entre las faltas de respaldo más sobresalientes estuvo la de Catalino Duarte Ortuño, su primo, exdiputado federal y exalcalde de Zirándaro.

Duarte Ortuño, de todos los chuchos en Guerrero, es el más conspicuo por cuanto a relaciones peligrosas se trata. Cuando compitió por la alcaldía de Zirándaro en 2005, fue atacado por un comando que le disparó con fusiles AK-47. Quiso huir, pero fue alcanzado por una bala. Sobrevivió porque sus atacantes pensaron que estaba muerto. Durante los tres años de su gestión hubo alrededor de 200 muertos en el municipio, y en 2009 empezó a sentir la secuela en carne propia. Secuestraron a su hermano, y mataron a sus tíos y a uno de sus primos en el primer semestre de ese año. Varias veces lo acusaron de estar vinculado al narcotráfico en Tierra Caliente, pero siempre lo negó.

Duarte Ortuño, como Beatriz Mojica, o han guardado silencio, o han sido tímidos en sus reacciones. Ni ahora, ni antes dijeron mucho, pese a la cercanía con el alcalde asesinado. Como se dijo líneas atrás, ¿por qué si estaba siendo extorsionado y amenazado de muerte, el PRD no hizo nada por él? ¿Por qué las denuncias sobre la inseguridad no fueron exigencias previas para que las autoridades le brindaran garantías? El asesinato de Soto Duarte deja muchas incógnitas. Una de ellas es la vertiente de la narcopolítica, donde Los Chuchos y los Duarte tienen muchas explicaciones que dar.

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