Ley de seguridad en la mira

La experiencia que los ciudadanos tenemos con nuestras Policías no es la mejor. Por un lado desconfiamos de ellas y, por el otro, cuando realmente nos acercamos a lo que viven las y los policías, nos damos cuenta de que están llenas de actos contrarios a sus derechos humanos. En ese contexto, la reforma constitucional en materia de seguridad pública, hasta ahora aprobada por el Senado, es una ventana de oportunidad para mejorar la calidad policial. 

Siendo la Policía el primer eslabón de contacto entre los ciudadanos y la autoridad, sería de sentido común que nuestras autoridades comprendieran la importancia de contar con una Policía profesional, confiable y respetada. Quizá a algunos no les importe porque tienen una fila de guardias que los cuidan, mientras el resto de los ciudadanos pedimos tener policías efectivos que atiendan las necesidades de los ciudadanos. Cabe señalar que al 31 de mayo de 2016, en el País habían 8 mil 992 policías reprobados en control de confianza y en funciones. 

Bajo este panorama, tras casi 2 años de discusión en el Senado con poca participación ciudadana, pero reconociendo que al final nos permitieron emitir observaciones, el pasado viernes casi a la media noche, se aprobó la reforma constitucional sobre seguridad pública. Misma que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis. En tanto esto ocurre, como ciudadanos consideramos 
imprescindible mejorarla. 

De entrada, es necesario insistir que el problema no es en dónde esté el mando, sino en la homologación de procesos y en el cumplimiento del Sistema de Desarrollo Policial. La reforma contempla un SESNSP poderoso que, sin embargo, carece de autonomía operativa y contrapesos; y además no está claro con qué recursos humanos y económicos contará para ejercer sus nuevas facultades. 

La certificación institucional es un tema que no queda claro, habrá que poner atención al desarrollo en la ley secundaria. En la certificación individual nos llamó la atención el cambio de “certificación” a “certificación de habilidades” en el artículo 21. No sabemos si de las 3 que existen se quieren quedar sólo con una o si de plano fue “un error”. 

En este mismo artículo se reconoce la necesidad de “prestaciones complementarias de la seguridad social”; no obstante, insistimos que mientras no se cambie de fondo la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, Apartado B, que otorga al policía un régimen de excepción, seguirán tratados como empleados de segunda. 

Otro punto preocupante son los cómo. El dictamen aprobado contempla que “se intervendrá la institución con la remoción y nombramiento de mandos o con la reestructuración organizacional”. Aquí el cómo sí importa. Me recordó al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, cuyo balance no fue el esperado. Sería de susto multiplicar esa experiencia. 

También nos llamó la atención que en el dictamen aprobado no hablan de la Policía Federal, que sin duda es mejor que la mayoría de las Policías, pero no deja de tener cada vez más problemas, falta de controles, de presupuesto (o alguien más gasta su presupuesto), y un largo etcétera. 

Reconocemos que lo aprobado tiene aspectos positivos como la certificación institucional, las prestaciones complementarias de seguridad social, la regulación de policías privadas, el Consejo Ciudadano del CNSP elegido por el Senado. Pero no tengo duda de que nadie está conforme con la reforma, porque el tamaño de la inseguridad es muy grande y la reforma se quedó corta. 

Necesitamos una reforma con una clara política pública marcada desde la Constitución para lograr mejor seguridad pública y el fortalecimiento a mediano plazo de las instituciones policiales. Lo aprobado es un avance y es una oportunidad para trabajar con los legisladores en mejorarla.