Lanzan recolección de firmas para ley anticorrupción
COMPARTIR
TEMAS
La #ley3de3 busca convertirse en la "Ley General de Responsabilidades Administrativas2
México, DF. Ciudadanos y organizaciones lanzaron este martes una campaña para conseguir al menos 120 mil firmas, las cuales serán necesarias para presentar una iniciativa de ley de combate y prevención de la corrupción.
El ex rector Juan Ramón de la Fuente, la analista Denise Dresser, así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros, respaldaron la iniciativa que llamaron ciudadana, con miras a que el Congreso de la Unión la discuta y la apruebe.
Los formatos para la recopilación de firmas estarán disponibles, por ejemplo, en los establecimientos de las Farmacias Similares, en los centros empresariales del CCE, o en el sitio web www.ley3de3.mx.
La #ley3de3 busca convertirse “en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas legislaciones que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016”.
Los proponentes invitaron a los mexicanos indignados y preocupados por los altos niveles de corrupción que registra el país en distintos índices que elaboran organismos internacionales.
Han ocurrido escándalos sin consecuencias legales, desde la Casa Blanca hasta políticos como el Niño Verde; la lista es larga y no debería haber más exoneraciones inverosímiles, dijo la periodista Denise Dresser en una conferencia de prensa.
De la Fuente aseveró que la iniciativa es el resultado de una ciudadanía que analiza y propone, y cuyos beneficios serán “para todos”.
Entre otros puntos, la iniciativa plantea la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública, y una serie de directrices para la conducta ética que se espera de los servidores públicos.
Propone además un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos, así como medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones a participantes de actos de corrupción.
