La negación de lo absurdo

Ioan Grillo, multicitado autor de un libro sobre el narcotráfico, escribió un artículo este domingo en la sección dominical de opinión en The New York Times, sobre “la nueva sangre en la política en México”, donde dijo que el narcotráfico y las bandas criminales han adoptado una nueva estrategia. En lugar de sobornar alcaldes, apuntó, hacen que los alcaldes les paguen. “La política no es sólo una forma de ayudar su negocio criminal”, enfatizó, “es un negocio en sí mismo”. Grillo dijo que los criminales han tomado el control de los alcaldes, “transformándose en un ominoso poder en las sombras, utilizando las llaves del Estado para afectar a cualquiera que vive o trabaja dentro de su jurisdicción”. El autor lo dice bien, pero extemporáneamente. El problema se había ido controlando, pero renació con mayor vigor en la primera mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde el primer lustro de este siglo, un alto número de alcaldías y poblaciones en varios estados estaban bajo el dominio del narcotráfico. No había Estado, ni autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. Los narcotraficantes, a través de sus legiones de sicarios, controlaban a los políticos locales y afectaban la vida de quienes vivían o trabajaban en esas jurisdicciones. Las ciudades fronterizas en Tamaulipas y Chihuahua, además de ciudades como Acapulco, fueron las primeras en sucumbir. Otras fueron cayendo como dominó hacia el sur. En 2005, la incapacidad del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por frenar la tendencia, lo forzó a pedir al presidente Vicente Fox que el gobierno federal interviniera. Fox lo ignoró, pero su sucesor, Felipe Calderón, inició la guerra contra el narcotráfico.

Cuando inició “la guerra contra las drogas” con el operativo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, más de 80 municipios estaban en manos del narcotráfico, donde controlaban la política, la policía y la obra pública. Grillo escribió este domingo que la evolución criminal en México provocó que el crimen organizado se desdoblara en otro tipo de delitos, como secuestros, extorsiones, trata y piratería. En realidad,  la mudanza de delitos federales y delitos del fuero común se dio durante la guerra de Calderón contra el narcotráfico, donde al golpearle sus redes de distribución y comercialización se quedaron sin dinero para nóminas, por lo que sus matones incursionaron en otros delitos. Los secuestros exprés estallaron en Tijuana; Los Zetas, independizados del Cártel del Golfo, se volcaron a la extorsión y el tráfico humano a Estados Unidos; y el Cártel del Pacífico se concentró en las metanfetaminas y La Familia Michoacana en la minería.

La estrategia de Calderón no previó las externalidades de este desdoblamiento, en particular la violencia, que tocó su máximo en abril de 2011 y que, conforme al plan de acción, empezaría a bajar en 2017. Pero para esto se requería que la estrategia de confrontación con los criminales en todos los campos, se mantuviera en los mismos términos. El gobierno de Peña Nieto cambió la estrategia. Bajo la lógica de que la violencia era resultado del combate a criminales, en los ocho primeros meses de la administración, dejó de combatir a los cárteles y las bandas criminales. Como era de esperarse, fue un fracaso. El gobierno peñista cambió la estrategia y regresó a la de Calderón, pero las consecuencias de aquella decisión equívoca se están viviendo. 

La región de Tierra Caliente es su mejor ejemplo, al estar dominada una buena parte de los municipios por las bandas criminales que nacieron de la estela de los cárteles, sin que haya fuerza que impida su control. En el estado de México, el crimen floreció en la parte norte y oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México, con lo que la delincuencia organizada se acercó al corazón político del país.

El conflicto actual en Morelos, razón del artículo de Grillo, es la expresión pública del fenómeno que se alimentó en lugar de erradicarlo. El gobernador Graco Ramírez, asegura que los 13 alcaldes que se oponen al Mando Único de la Policía, han sido amenazados por el crimen organizado. En el pasado también había plata o plomo si los alcaldes no les entregaban las secretarías de Obras, de Finanzas y las áreas de seguridad y policía. En la actualidad hay una evolución adicional y más ominosa. Ya no sólo se involucran en esas áreas que ayudan al negocio criminal, sino que inyectan recursos en campañas políticas para poder tener a sus propios gobernantes. No importa de qué partido sean, invierten dinero sucio en los procesos electorales.

Los grupos criminales se están apoderando de todos los procesos en los municipios, y promoviendo sus candidatos, sin mucha resistencia del gobierno federal o de las instituciones políticas y electorales. En Guerrero y Morelos hay pruebas de ex alcaldes y ex diputados locales vinculados al narcotráfico contra los que no se ha ejercido acción alguna. Varios estados que irán a elecciones para gobernador este año, tiene como pre candidatos a políticos investigados en el pasado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Es cierto que el crimen organizado ha recuperado el ritmo de su avance, como también que la poca resistencia que han enfrentado de las instituciones, se los ha permitido. Evitar que esto se traduzca pronto en acusaciones de complicidad institucional requeriría ver acciones claras que demuestren que socios de criminales, en el gobierno no hay, y no la retórica insultante de que todo está bajo control.

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