La Corte y la droga

Es indudablemente un buen signo la sentencia de amparo favorable al consumo recreativo de mariguana como una libertad a la que los individuos tienen derecho. Es un paso trascendental para afirmar libertades que son derechos fundamentales. También es una presión para legalizar su producción y comercialización, con las que estas actividades podrían dejar de ser clandestinas y delincuenciales para realizarse a la luz pública y bajo las regulaciones jurídicas y sanitarias necesarias. 

Negar la legitimidad del consumo personal de drogas es tapar el sol con un dedo. Hace más de doscientos años quedó establecido en la filosofía que la libertad de disponer del cuerpo propio sin daños a terceros no debe conculcarse. Es cierto que se trata de un problema social, no solamente individual. Las drogas no llegan solas al consumidor. Hay que producirlas y distribuirlas. También es innegable que su uso tiene efectos sociales sobre todos los miembros de la sociedad, no únicamente sobre los consumidores. Tal es el caso de los sistemas de prevención de las adicciones o del sistema sanitario. Cuando el abuso en el consumo de sustancias tóxicas deriva en enfermedades, la sociedad tiene que hacerse cargo de su tratamiento, tanto en los sistemas privados como públicos.

Los casos más patentes son los del tabaquismo y el alcoholismo, cuyos efectos sobre las familias y los dineros de los contribuyentes son ciertamente onerosos. 

Sin embargo, ni el tabaco ni el alcohol son drogas prohibidas. Por el contrario, se adquieren en el mercado y son promovidas activamente por sus productores. ¿Por qué el consumo de la marihuana está o estaba prohibido? No hay explicación racional alguna, salvo la satanización de las drogas que ha sido fechada con precisión por los investigadores en el siglo pasado. Desde este enfoque, la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte es comprensible y coherente con el derecho de propiedad de sí mismo, característica de los seres humanos. 

Otra cosa es el problema de la producción y trasiego de drogas ilegales, incluida la marihuana misma, que no queda permitida a partir de la sentencia como lo han señalado las autoridades. La resolución ampara solamente a las personas que promovieron el juicio, pero como se trata de una decisión de la Suprema Corte, quienes recurran a la protección de la justicia por el mismo motivo podrán recibir dicha protección a partir de la tesis establecida por el histórico proyecto del ministro Arturo Saldívar. 

La contraposición entre derecho al consumo y prohibición de drogas crecerá en el futuro. La eventual legalización de la marihuana, como ya se hizo en Holanda, Uruguay y algunas entidades de Estados Unidos, no se detendrá. Por el contrario, va a crecer. El Estado y la sociedad tendrán que enfrentarse al fondo del problema. ¿Es o no un derecho personal la propiedad de sí mismo y, en consecuencia, el uso que se haga de ello? La pregunta abarca más que el uso de sustancias estimulantes. Incluye, entre otras cosas, el problema de la legitimidad de disponer de la propia vida (suicidio y eutanasia), y del propio cuerpo (interrupción del embarazo, cambio de sexo). 

Lejos de estimular un debate escandaloso, lo más sensato es promover la reflexión informada sobre las implicaciones de estos derechos (que a mi juicio sí lo son), y sobre las externalidades que produciría su institucionalización. Por ejemplo, en vez de gastar en perseguir criminales, usar esos recursos para educación y salud, legalizar otras drogas además del alcohol y el tabaco, prevenir y tratar adicciones, revisar el impacto fiscal en el sistema de salud. Ese es el debate necesario. Desgarrarse las vestiduras sólo ayuda al escándalo y la moralina, y a ocultar el hecho de que la postura prohibicionista es fuente de mayores males y costos que su contraria. 

Twitter: @pacovaldesu

(Director de Flacso en México)