La casa de Doña Panchita

A la memoria de Jesús Silva-Herzog Flores

México es tierra fértil para las ocurrencias de políticos y gobernantes. Algunas son risibles e inofensivas, otras nocivas, como la anunciada Ley de Seguridad Interior.

Regresemos una década. Felipe Calderón Hinojosa se dejó llevar por sus intuiciones y, en lugar de consultar a los especialistas sobre seguridad y crimen organizado, buscó la opinión de su gabinete y de los gobernadores y declaró la guerra a un enemigo que desconocía (Calderón lo reconocería tiempo después). Cuando empezamos a padecer las consecuencias del apresuramiento vinieron los parches y las correcciones sin que hubiera una política de Estado hacia las víctimas; esa guerra sigue lastrando la valoración de su Gobierno y manchando las aspiraciones presidenciales de su esposa. 

Calderón envió a los militares a los espacios públicos. Lo hizo porque tenía poco margen (eran, son la última reserva de institucionalidad de un régimen exhausto) y ejerció a plenitud la facultad que tienen los presidentes de usar las fuerzas armadas. Pasaron diez años y en diciembre de 2016 el general Salvador Cienfuegos hizo pública la insatisfacción acumulada porque la mayor parte de las policías locales siguen desorganizadas y corruptas, porque en 2017 les bajaron 3.9% su presupuesto y porque hay preocupación por posibles demandas por abusos a los derechos humanos. El Ejército exige una ley que dé “certidumbre jurídica” a su participación. 

Por el mensaje del general, el PAN, PRD y PRI presentaron proyectos de ley. En febrero las tres iniciativas yacían en el congelador y el ejército implementó una protesta inédita y drástica. En una reunión con la Junta de Coordinación Política de los diputados, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong les informó que las fuerzas armadas estaban replegándose en algunos estados. Estamos ante una huelga de “rifles caídos” o “tortuguismo bélico”, comprensible por la debilidad de Enrique Peña Nieto y del presidencialismo. 

La emancipación castrense sería plausible si tuviéramos un Congreso a la altura del momento. Desafortunadamente, las iniciativas huelen a ocurrencias nocivas porque embonan con otras medidas que están haciendo retroceder la transición. México ha cambiado y hay sectores con el conocimiento y la disposición para revisar críticamente a la ley, al Presidente y a las fuerzas armadas. 

Hay tres textos de 2017 sobre la Ley de Seguridad Interior que vale la pena revisar; son diversos y están bien fundamentadas (disponibles en: www.sergioaguayo.org). “Seguridad Interior: Otro Dilema de 2017” de Raúl Benítez Manaut (Nexos, enero de 2017); “Seguridad Interior: Elementos para el Debate” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (enero de 2017); y “Seguridad sin Guerra” un desplegado del Colectivo que lleva el mismo nombre (marzo  de 2017) y que cuenta con un respaldo notable. 

Los documentos coinciden en lo absurdo de que las policías estén excluidas de la Ley. Por ejemplo, el texto del Instituto Belisario Domínguez recuerda que “no se dispone de un diagnóstico [gubernamental] de la situación en la que se encuentran los cuerpos de policía de todo el País” y Raúl Benítez asegura, por su parte, que “una verdadera Ley de Seguridad Interior debería centrarse en fortalecer a las policías, en vez de referirse a las fuerzas armadas”. El colectivo pone el acento en la indiferencia de la Ley hacia las “voces de las víctimas”. Una de las promotoras del colectivo me comenta que los legisladores no las han escuchado con seriedad ni han promovido encuentros entre éstas y las fuerzas armadas. 

Si el Congreso aprueba la Ley de Seguridad Interior en su estado actual estaría replicando la ocurrencia de Calderón. Tomarían una decisión sin hacer un balance sobre diez años de guerra. Es cierto que, como señala el Instituto Belisario Domínguez se carece de “diagnósticos oficiales, públicos, detallados y frecuentes”, pero se compensa con un gran número de investigaciones e informes. 

La ley propuesta responde a las inquietudes de las fuerzas armadas pero ignora otros actores clave y hace a un lado las perspectivas de las víctimas. En suma, mientras seguimos pagando las facturas de la ocurrencia calderonista, la solución que ofrecen nuestros legisladores es ¡otra ocurrencia! 

Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Maura Roldán Álvarez.