Juicio histórico contra la hermana del rey Felipe VI comienza el lunes
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Los acusados en el caso que contribuyó decisivamente a la abdicación de Juan Carlos I en su hijo hace año y medio son 18.
Rechazada por la opinión pública y apartada de la familia real española, Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe, se sienta el lunes en el banquillo de los acusados junto a su marido por el "caso Nóos", el escándalo de corrupción que hizo temblar los cimientos de la monarquía española.
La cita con el tribunal de la Audiencia Provincial en Palma de Mallorca es histórica. Por primera vez, un miembro de la familia del rey debe responder ante la Justicia. Cristina, de 50 años, ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono.
Las 9:15 del 11 de enero es la hora fijada para el inicio del juicio con más expectación de la última década: 600 periodistas de más de 80 medios se han acreditado, aunque solo 15 podrán estar en la sala de vistas. En la pared frente a la infanta, como en toda dependencia oficial, colgará una foto de su hermano el rey. A las puertas del tribunal hay convocada una manifestación republicana.
Los acusados en el caso que contribuyó decisivamente a la abdicación de Juan Carlos I en su hijo hace año y medio son 18.
El marido de la infanta Cristina, el ex jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, de 47 años, es el principal junto a su ex socio. La fiscalía pide 20 de cárcel por saquear 6 millones de euros de instituciones públicas. Se le imputan nueve delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales.
El medallista olímpico usó presuntamente su condición de yerno del rey Juan Carlos para lograr contratos inflados de gobiernos regionales y otras administraciones para su empresa de eventos deportivos, el Instituto Nóos. Luego desvió y ocultó las ganancias al fisco a través de cuentas y empresas. Una de ellas es Aizoon, en la que comparte titularidad al 50 por ciento con su mujer.
"Yo confiaba en mi marido", dijo ella cuando fue interrogada por el juez en 2014 y aseguró no saber nada. Está acusada como cooperadora de dos delitos fiscales de Urdangarin. La acusación popular pide 8 años de cárcel y 2 millones de euros de multa.
Sin embargo, puede aún quedar exonerada. Tras escuchar este lunes a sus abogados, las tres magistradas del tribunal decidirán antes del 9 de febrero, cuando se retoma el proceso, si siguen juzgándola.
La razón hay que buscarla en la llamada "doctrina Botín", un precepto jurídico al que el banquero Emilio Botín dio involuntariamente nombre cuando en un caso que lo atañía, el Tribunal Supremo fijó que nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no lo acusan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Es lo que ocurre en el caso de la infanta. El fiscal se negó a acusarla contra la opinión del juez José Castro, instructor de una investigación de cuatro años resumida en 76,000 folios que se reparten en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón.
"Es importante para el Estado de Derecho que una hija del rey y una hermana del rey vaya a ser sometida a un juicio oral", dijo esta semana uno de sus abogados. "Los españoles debemos congratularnos". La defensa sostiene que será exculpada tras la primera sesión.
El "caso Nóos" marcó un hito en la Historia española al desestabilizar el reinado de Juan Carlos (1975-2014). La investigación, abierta en julio de 2010, coincidió con otros casos de corrupción en España cuando la crisis golpeaba y los ciudadanos sufrían las consecuencias de los recortes aplicados frente a ella.
Juan Carlos apartó a su yerno y a la infanta de la agenda oficial de la familia real al ser imputado el ex deportista, pero no logró frenar el daño, que creció con una cacería africana junto a su supuesta amante y se apuntaló cuando su propia hija fue imputada. "La Justicia es igual para todos", dijo el entonces rey.
Recluido el matrimonio con sus cuatro hijos en Ginebra desde agosto de 2013, donde a Cristina le ofreció una vía de escape la entidad financiera La Caixa, para la que trabajaba en Barcelona, la brecha con la familia real fue creciendo cada vez más.
Desde que fue proclamado rey, en junio de 2014, Felipe ha levantado cortafuegos. Sacó oficialmente a su hermana de la familia real, ordenó quitarle el pasaporte diplomático y le retiró el título de duquesa de Palma que su padre le dio al casarse con Urdangarin.
Las presiones para que renuncie a sus derechos dinásticos no han surtido efecto. Ni la recomendación de apartarse de su marido. El lunes estará con él en la sala de vistas que se ha tenido que habilitar en medio de fuertes medidas de seguridad en una escuela de la administración pública en Palma ante el número de acusados, abogados defensores y periodistas. No se sentarán juntos: Urdangarín estará en primera fila y ella, en tercera y última.
Cristina de Borbón: del cuento de hadas al banquillo
"No nos debe doler que las parejas se entiendan", decía esta semana el principal abogado defensor de Cristina de Borbón. Negaba así que hubiera recomendado a la hermana del rey Felipe VI entrar al lado de su marido, el principal acusado, a la sala de vistas en la que será juzgados.
La infanta, de 50 años, se ha mantenido siempre junto al ex jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, con el que se casó en 1997 en una boda que pareció un cuento de princesas actualizado. De nada sirvieron las presiones para que se separara de él cuando el escándalo de corrupción se destapaba.
Ella persistió. El caso por el que ambos se sientan ahora en el banquillo de los acusados asestó a la monarquía española el mayor daño que ha sufrido en la etapa democrática y la ha separado de su hermano menor abriendo un abismo con la familia real.
De sus dos hermanas, Cristina era la que tenía un vínculo más estrecho con Felipe de Borbón, desde hace año y medio rey de España. Tenían caracteres parecidos y compartían aficiones deportivas y complicidades.
Claves del juicio a Cristina de Borbón
Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, pasará a la Historia del país como la primera familiar de un monarca que se sienta ante un juez en el banquillo de los acusados. La infanta, de 50 años, es desde este lunes uno de los 18 procesados en el gran escándalo de corrupción en el que su marido, Iñaki Urdangarin, es el principal acusado.
EL CASO NÓOS
Toma su nombre del Instituto Nóos, organización vinculada al mundo del deporte que en teoría carecía de ánimo de lucro y al frente de la cual Iñaki Urdangarin, ex jugador olímpico de balonmano, habría aprovechado su condición de yerno del rey Juan Carlos para lograr de manera ilícita suculentos contratos de gobierno regionales y otras instituciones públicas. El Instituto Nóos organizaba eventos deportivos y realizaba asesorías. El marido de la infanta y su socio, Diego Torres, habrían saqueado 6 millones de euros. Evadían además supuestamente al fisco a través de sociedades pantalla.
18 ACUSADOS
Los dos principales acusados son Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Para el marido de la infanta, la fiscalía pide 19 años y medio de cárcel, acusado de nueve delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La acusación popular solicita 26. Para Torres, el fiscal pide 16 años y medio (22,5 la acusación popular).
En el banquillo se sientan también políticos y funcionarios de las administraciones con las que Urdangarin y Torres habrían hecho los negocios ilícitos. Entre ellos está el ex jefe del gobierno regional de Baleares Jaume Matas, que fue ministro de Medioambiente con José María Aznar. Habría contratado al Instituto Nóos al margen de la legalidad. Ya ha estado preso por corrupción y tiene más causas pendientes. Se enfrenta a 11 años de cárcel.
La INFANTA CRISTINA EN EL BANQUILLO
Está acusada como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales de su marido. Junto a él, es dueña al 50 por ciento de Aizoon, una de las empresas con las que Urdangarin habría evadido dinero al fisco.
La acusación popular pide ocho años de cárcel y dos millones de euros de multa. El fiscal no la acusa y ese hecho podría sacarla del banquillo de los acusados tras la primera sesión del juicio.
El tribunal debe decidir antes del 9 de febrero si aplica, como pedirá su defensa, la llamada "doctrina Botín". Es un precepto jurídico al que el banquero Emilio Botín dio involuntariamente nombre cuando en un caso que lo atañía, el Tribunal Supremo fijó que nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no lo acusan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Si el juicio contra ella sigue adelante, teóricamente podría ir a la cárcel.
Fue el pseudo sindicato Manos Limpias el que se personó en el caso Nóos como acusación popular y pidió la imputación de la infanta. El fiscal y la Abogacía del Estado se opusieron a acusarla.
TRES MUJERES AL FRENTE DEL TRIBUNAL
Tras más de cuatro años de instrucción del "caso Nóos", que han hecho famoso en España al juez José Castro, es un tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares el que juzga a los acusados. Lo componen tres magistradas -Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín- que juntas suman 32 años de experiencia judicial y ya han juzgado causas de corrupción en el pasado. Romero Adán (Palma, 1972) es la presidenta del tribunal durante el juicio y la ponente que redactará la sentencia.
EL TRANSCURSO DEL PROCESO
Ante el número de acusados y abogados defensores y la gran expectación mediática, el juicio no se celebrará en la sede de la Audiencia Provincial de Baleares, sino que ha sido trasladado a las dependencias de una escuela de administraciones públicas en un polígono del extrarradio de la ciudad de Palma de Mallorca.
Están acreditados 600 periodistas de más de 80 medios, aunque solo 15 podrán acceder a la sala de vistas, junto a una treintena de personas que asistirán al ser un juicio público. Nadie puede portar dispositivos electrónicos ni salir salvo en los recesos.
Tras la sesión del lunes, en la que se debatirán cuestiones preliminares, entre ellas la "doctrina Botín", el juicio se retomará el 9 de febrero, cuando empezarán a declarar los acusados. Se estima que el proceso puede durar hasta junio.
Recluida desde 2013 en Ginebra junto a sus cuatro hijos y a su marido, que presuntamente utilizó su condición de yerno del rey Juan Carlos para saquear fondos de instituciones públicas, quedó excluida de la proclamación de su hermano en junio de 2014.
Y cuando empezó a ejercer como rey, Felipe levantó un cortafuegos: la sacó oficialmente de la familia real, de la que oficiosamente ya estaba excluida; ordenó al Ministerio de Exteriores retirarle el pasaporte diplomático y le quitó el título de duquesa de Palma que su padre le había concedido cuando se casó con Urdangarin.
Aquella fue la segunda boda real de la España democrática después de la de su hermana mayor, Elena, dos años antes. Eran jóvenes, guapos y modernos. El país no perdió detalle del enlace en la catedral de Barcelona, retransmitido por televisión.
Cristina y el jugador de balonmano, tres años menor que ella, se conocieron oficialmente en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, aunque ella se había fijado en el alto deportista a principios de los 90 en un centro de entrenamiento en las afueras de Barcelona.
"¿Quién es ese rubio?", preguntó a una amiga al verlo en el comedor.
Cuando las investigaciones judiciales iban descubriendo los negocios presuntamente ilícitos de su marido, mostrando que no era en realidad aquel joven que había cautivado al rey Juan Carlos cuando se casó con su hija, obvió a quienes le sugerían el divorcio para quitar presión a la Corona. Y estando ya procesada, ha resistido la presión de su hermano para renunciar a sus derechos en la línea de sucesión al trono, en la que es sexta.
Nacida el 13 de junio de 1965 en Madrid, hasta que a finales de 2011 estalló de lleno el caso de corrupción en torno a su marido, se había destacado siempre su forma de vivir, moderna y alejada de los convencionalismos de otras familias reales.
Gran deportista -navega, esquía, juega al squash y participó en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 como miembro del equipo español de vela- fue la primera licenciada universitaria de la familia real: estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, en la misma facultad de la que luego salieron Pablo Iglesias y otros líderes del partido Podemos.
Hizo un master en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York y prácticas para la UNESCO en París. Se instaló después en Barcelona y comenzó a trabajar para la Fundación La Caixa, la misma para la que continúa haciéndolo y la cual le facilitó su puesto actual en Ginebra para dejar atrás la presión de España.
Ahora entra en los libros de Historia de España como el primer miembro de la familia del rey que se sienta en el banquillo de los acusados. Afronta el juicio "con tranquilidad y convencimiento", ha asegurado su abogado. En la misma sala que el rubio deportista con el que se casó en un cuento casi de hadas.
