Javier Villarreal insiste en recuperar ‘su’ dinero
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Sigue en pleitos judiciales para poder acceder a cuatro cuentas de inversión en tres instituciones bancarias del País, que le fueron aseguradas
El extesorero de Coahuila y extitular del extinto SATEC, Javier Villarreal, sigue en pleitos judiciales para poder acceder a cuatro cuentas de inversión en tres instituciones bancarias del País, que le fueron aseguradas por la PGR como medidas cautelares, mientras se le sigue proceso por el presunto delito de falsificación de documentos.
El exfuncionario es señalado por la autoridad federal por aparentemente falsificar decretos del Congreso de Coahuila, con los que el Gobierno del Estado contrató dos créditos por 3 mil mdp.
Desde de 14 de agosto de 2013, Villarreal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en un juzgado de la CDMX en contra del titular de la PGR, el Subprocurador de Investigación en Delitos Fiscales y Financieros y otras autoridades, que ordenaron asegurarle precautoriamente las cuentas .
Sin embargo, el 19 de agosto de 2014, el Juez 1° de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en turno con residencia en Saltillo.
Desde ese año, Villarreal, a través de sus abogados, ha tratado de dejar sin efecto el acuerdo de aseguramiento pronunciado dentro de la Averiguación Previa UEIDFF/FINM17/330/2011 y su acumulado UEIDFF/FINM/13/429/2011 que le sigue la PGR.
Con dichas medidas cautelares, Villarreal tiene “congeladas” todas las cuentas y/o contratos de cualquier tipo, cheques, ahorro, inversión, intermediación bursátil, de crédito, de tarjetas, y/o garantía, y/o fideicomisos.
También está impedido para realizar en México operaciones de compraventa de divisas y/o transferencias realizadas a través de casas de cambio, así como de cajas de seguridad que existan en todas y cada una de las instituciones que integran el Juicio de Amparo 1023/2014.
El pasado 16 de febrero estaba programada la audiencia constitucional del caso, pero ésta fue diferida, reprogramándose para este 22 de marzo.
