Iniciativas ciudadanas, ¿acaso sirven para algo?

Quienes integran el Poder Legislativo –ya sea en el ámbito federal o el local– teóricamente representan a los ciudadanos que votamos por ellos y les elegimos para que tomen decisiones en nuestro nombre.

En otras palabras, quienes ocupan los asientos del Congreso constituyen nuestra voz y su actividad cotidiana está orientada a responder a nuestros intereses, pues justamente para ello les elegimos.

Sin embargo, como nos demuestra cotidianamente la experiencia, la verdad es que nuestros “representantes” difícilmente piensan en términos de nuestros intereses y actúan más bien en función de las agendas de sus respectivos partidos políticos.

Sin duda por ello, una de las modificaciones introducidas en la legislación local de Coahuila en los últimos años fue la de la iniciativa popular, es decir, la posibilidad de que cada ciudadano, en lo individual, pueda activar el proceso legislativo presentando iniciativas para modificar el marco jurídico que nos rige.

La existencia de tal posibilidad, en teoría, hace que nuestra democracia sea mejor, pues el hecho de que cualquier ciudadano sea capaz, por sí sólo, de plantear una modificación a nuestro sistema normativo, implica devolverle a los individuos el poder que la democracia traslada a quienes ostentan la

representación política.
Pero en la frase anterior es necesario subrayar las palabras “en teoría”, pues cuando vemos en acción las reglas que nuestros legisladores han creado para “democratizar” el ejercicio del poder es evidente que no se les ha devuelto a los ciudadanos ninguna potestad.

Prueba de ello es el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, a lo largo de la presente Legislatura del Congreso Local, han sido presentadas siete iniciativas ciudadanas, pero solamente a dos se les ha dado trámite, mientras las cinco restantes permanecen en ese limbo que la sabiduría popular ha denominado “la congeladora legislativa”.

No faltará quien diga que las iniciativas presentadas por los legisladores electos siguen más o menos la misma suerte y que, en ese sentido, los ciudadanos no pueden quejarse de discriminación, pues el trámite parlamentario es, a final de cuentas, “democrático”.

Sin embargo, el motivo de queja sigue allí, pues lo que hace falta, tanto para las iniciativas presentadas por diputados electos, como para las que son remitidas al Poder Legislativo por ciudadanos de a pie, son reglas para obligar a que se les dé trámite legislativo en determinado plazo y que su discusión no esté sujeta al capricho de los integrantes del Congreso.

Porque, al final de cuentas, si el Congreso es la representación popular, lo que necesitamos los ciudadanos es que dicha asamblea realmente nos represente, es decir, que vele por nuestros intereses. Y hacer eso implica, necesariamente, que discuta todos aquellos asuntos que a los ciudadanos les parezcan importantes.