Humberto Moreira: ¿hay un caso de corrupción o no?
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La narrativa de los últimos años, en torno a la administración de Humberto Moreira Valdés, se ha dicho en otras oportunidades, constituye un clásico caso de “esquizofrenia histórica”, pues aunque la verdad histórica no puede ser sino una sola, ésta se ha contado de formas absolutamente contradictorias en México y los Estados Unidos.
El más reciente botón de muestra lo constituye la subasta de una vivienda, propiedad de Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exmandatario, residencia que fue confiscada como parte de una investigación por lavado de dinero realizada en el vecino Estado de Texas.
El argumento no es nuevo y se ha repetido una y otra vez en diferentes Cortes de los Estados Unidos: Humberto Moreira y otros funcionarios de su administración –Jorge Torres López y Javier Villarreal entre ellos– utilizaron el sistema bancario de los Estados Unidos para blanquear recursos provenientes de la corrupción gubernamental en México, específicamente en nuestra entidad, durante el período en el cual el también exdirigente nacional del PRI fue Gobernador.
Y al argumento se han acompañado acciones concretas que implican el encarcelamiento de algunos de los operadores y “socios” de Humberto Moreira, así como la declaración como prófugo de la justicia de quien le sucedió en el cargo.
No se trata, pues, de especulaciones o rumores que circulen por los corrillos políticos y que, por su misma calidad, debieran ser tomados con las reservas del caso. Estamos hablando de hechos concretos que apuntan en una dirección inequívoca: la administración que compartieron Humberto Moreira y Jorge Torres habría estado significada por la corrupción.
Sin embargo, de este lado de la frontera la historia es absolutamente diferente. Ni una sola investigación –o al menos ninguna de carácter serio–, ningún señalamiento, ningún acto que evidencie por lo menos la intención de “contrastar” los datos que llegan cada vez en mayor volumen desde el otro lado de la frontera.
Y no sólo eso: de este lado de la frontera se sigue sosteniendo que de las arcas coahuilenses no se perdió un sólo centavo y que las cuentas dejadas por Javier Villarreal constituyen casi un ejemplo de pulcritud contable y rigor financiero.
Imposible no reiterar el cuestionamiento: ¿entonces los fiscales e investigadores estadunidenses han inventado toda la historia de la presunta corrupción gubernamental en Coahuila? ¿Entonces deberíamos creer que del otro lado de la frontera existe una suerte de extraña “consigna” en contra del exmandatario coahuilense a quien se persigue por algún obscuro e inconfesable interés político?
Valdría la pena que la esquizofrenia histórica se terminara y que todos pudiéramos tener claro cuál de las dos narrativas es la correcta: si la estadounidense que pinta un panorama de rampante corrupción o la mexicana que dibuja un escenario de honestidad a toda prueba.
Pero para eso, desde luego, haría falta que de este lado del Bravo se realizaran investigaciones serias e imparciales.