¡Haciendo una industria del desastre!

Corría la primera mitad de la década de los 70. El presidente Echeverría recibía en Los Pinos al entonces gobernador del Estado de México, Carlos Hank González. El motivo de la visita: hacer una evaluación de los daños provocados por una fuerte helada en los cultivos de maíz en esa entidad. Al ser cuestionado por el Presidente sobre las superficies afectadas por el flagelo, el patriarca de Atlacomulco presentó al primer mandatario un número exorbitante. Echeverría verificó las cifras en la Secretaría de Agricultura, en donde le informaron que los datos manejados por el Gobernador estaban fuera de toda proporción, pues nunca en la historia de esa entidad se había cultivado una extensión de esa magnitud con ese cereal. Echeverría miró fijamente al mexiquense y exclamó: “¡señor Gobernador, no hagamos una industria del desastre!”

Esta vocación insana por sacar raja de la desgracia ajena fue impregnada en el código genético de los descendientes del Rey Midas de la política mexicana. Su hijo, Carlos Hank Rhon, controla el Grupo Financiero Interacciones; en tanto su nieto, Carlos Hank González, casado con una hija de Roberto González, heredó el control del Grupo Financiero Banorte. Estas dos instituciones controlan el 37 por ciento de los activos de la deuda del Gobierno Federal y el 45 por ciento de las deudas de los gobiernos estatales y municipales. En los activos de los balances de ambas instituciones se reportan créditos por más de un cuarto de billón de pesos (263 mil 690 millones de pesos). Sin embargo, como bien reza el comercial, los beneficios no reportados en los balances de esas instituciones financieras, “no tienen precio”… ni madre.

Según el Informe Anual de Resultados (IAR) correspondiente al ejercicio fiscal 2011, elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila, Interacciones y Banorte detentaban el 50.4 por ciento de los 35 mil 746 millones de pesos de la deuda pública estatal registrada al 31 de diciembre del 2011. Cuestión de jerarquías, la institución financiera de Hank Rhon poseía el 31.7 por ciento de los financiamientos; es decir, 11 mil 353 millones de pesos; en tanto la de Hank González, el 18.7 por ciento; es decir, seis mil 690 millones de pesos.

En el reporte rendido por la ASE al Congreso de Coahuila se señala: los datos “se  obtuvieron de las cifras presentadas por los bancos a la Secretaría de Finanzas y no de los registros contables de esta Secretaría”. Y agrega: “No se cuenta con un documento oficial de la Secretaría de Finanzas que dé cuenta de las razones y los efectos de haber absorbido para su liquidación este pasivo contingente. Se requiere además la justificación contable y patrimonial de estas operaciones”.

De lo anterior se desprenden cuatro preguntas obligadas: 1. ¿Los recursos proporcionados por los bancos no ingresaron a la Secretaría de Finanzas? 2. ¿A dónde se dirigieron? 3. ¿Sobre qué bases aprobaron la Comisión de Economía y el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de Coahuila la contratación de créditos para reestructurar la deuda del Gobierno del Estado? 4. ¿Estas omisiones han sido ya subsanadas? Mientras no se den respuestas puntales y satisfactorias a estas preguntas, el expediente de la deuda de Coahuila seguirá tan abierto como lo es la profunda herida asestada a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

El propio informe de la ASE señala que el costo de la primera reestructuración de la deuda pública de Coahuila (montos por rompimiento de contratos, comisiones por reapertura de créditos y asesorías especializadas) se elevó a mil 859 millones de pesos. Sólo que la Secretaría de Finanzas únicamente proporcionó soporte documental por 65 millones de pesos. Es decir, mil 794 millones de pesos, supuestamente erogados para cubrir los costos de reestructuración de la deuda, no cuentan con respaldo contable. ¿Los depredadores siguieron pescando en río revuelto?

En las arcas de las instituciones regenteadas por los Hank se escuchó nuevamente el alegre tintineo de 980 millones de pesos, pues según los datos obtenidos por la ASE, los bancos Interacciones y Banorte apañaron el 52.7 por ciento de los pagos por la primera reestructuración de la deuda de Coahuila.

Pero ahí no para la cosa. Según la ASE, en los registros contables aparecen 348 millones de pesos pagados por comisiones de apertura de créditos. Sin embargo, según la información reportada en los contratos firmados con los bancos, se pagaron sólo 18 millones por este concepto. No hay ningún soporte documental para explicar esta diferencia de 330 millones de pesos. 
Al filo de la navaja, en medio de una profunda crisis política y social, las elites políticas y económicas de México siguen ¡haciendo una industria del desastre!

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