Hacia una nueva Ley General de Seguridad Pública

El pasado 16 de junio, el Senado aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 104, 105 y 116 de nuestra Constitución referentes a la actuación policial y que busca sentar las bases sobre cómo las entidades y la Federación podrán intervenir las policías municipales y estatales respectivamente.

Esta reforma busca atender y mitigar uno de los diez puntos que el presidente Enrique Peña Nieto lanzara como respuesta a los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, la desaparición de las policías municipales en favor de 32 —mal llamados— Mandos Únicos Estatales, bajo el argumento de la debilidad de las mismas y su permeabilidad a integrantes del crimen organizado.

Los puntos aprobados en el proyecto de decreto de reforma constitucional, si bien quitan el carácter constitucional de la facultad de los municipios para atender y dirigir sus asuntos de seguridad pública, logran mantener la posibilidad de que los gobiernos municipales, cuyas policías muestren que cuentan con los mínimos indispensables para poder responder a las necesidades de la comunidad, mantengan esta facultad y el mando de sus cuerpos policiacos. Además, establece la posibilidad de que las entidades intervengan las policías municipales y la federal las estatales, si existen condiciones particulares que se definirán posteriormente.

Muchas dudas levantó en la sociedad civil esta reforma en término de evaluación y controles de confianza, mecanismos y contrapesos para que la autoridad cumpla con la ley y obviamente con el mantenimiento del contenido del apartado C del artículo 123, que establece que un elemento cesado por alguna investigación en curso, aun cuando demuestre su inocencia, no puede ser reinstalado en sus funciones. Dicho de otra manera, si por algún motivo hay sospecha de mala actuación de un policía y éste es cesado, no podrá volver a sus funciones aun siendo inocente, lo que es evidentemente una abierta violación a los derechos humanos del personal de seguridad del País.

Acerca de nuestras dudas, los legisladores comentan que será subsanada, a través de la ley reglamentaria, la Ley General de Seguridad Pública que definirá los cómo, cuándo y para qué de las instituciones de seguridad.

Ante esto, como sociedad, es importante centrar nuestra atención en cómo podemos transformar este esfuerzo en acciones que impacten en las condiciones laborales, la actuación y el desempeño policial; hacer efectiva una reforma y no un mero referente en papel.

Hace siete años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dicha Ley se dio vida a la Policía Federal, al Sistema de Desarrollo Policial, al Plan Rector de Profesionalización, al Cardex Policial, el Régimen Disciplinario, entre otros aspectos que buscaban fortalecer a las policías del País (desde las municipales hasta la federal) y, por ende, los resultados en seguridad.

De esta manera, la actual reforma se suma a un proceso iniciado hace siete años, que entendía la necesidad de profesionalizar a las policías, generar incentivos positivos alrededor de la buena actuación, la sistematización y homologación de las capacitaciones, competencias desarrolladas, estructura policial, posibilidad de carrera, prestaciones, al tiempo que ponía en evidencia la consistencia en los castigos y los mecanismos que prevenían y disuadían que las autoridades de seguridad se viesen involucradas con la criminalidad.

¿Qué falló entonces? La falta de voluntad política por cristalizar lo que dice la ley, la falta de contrapesos políticos que permitieron que la Ley General —perfectible pero positiva en términos generales— fuese mera referencia, la cultura de vivir de inmediatos, actuar de inmediatos, más que construir a largo plazo; la impunidad ante autoridades omisas, la falta de cultura de la legalidad.

Bienvenida una Ley General de Seguridad Pública que busque atender los actuales retos, sin embargo, no debemos olvidar que, por sí misma, la ley no es suficiente, son fundamentales los contrapesos, controles y supervisión ciudadana que busquen evidenciar simulación, irresponsabilidad u omisión.

Los altos índices delictivos y de violencia, la baja efectividad en el combate al delito, la alta desconfianza del ciudadano en las autoridades de seguridad y la corrupción que imperan en los tres niveles de gobierno, nos hacen exigir que ésta realmente impacte en la calidad y profesionalización de los cuerpos policiacos de una forma eficaz a partir de diagnósticos realistas enfocadas en la cultura de la legalidad y la realidad delictiva del País.

Una vez más, es evidente que no podemos ceder en esta exigencia, pues nuevamente hemos confirmado que lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México. 

Twitter: @frarivasCoL