‘Gobierno espía’: no es suficiente negarlo

La sospecha no es nueva. Desde siempre, los adversarios del régimen –entre quienes se cuentan políticos opositores, periodistas, activistas y, en general, ciudadanos que no comulgan con las ideas del régimen– han sospechado que se les espía, que se les vigila de forma indebida, con el propósito de inhibir sus actividades.

Pero de la sospecha hemos pasado a la práctica certeza, a partir de los datos que han salido a la luz pública en los últimos días y que incluso el Gobierno de la República ha confirmado: las instituciones gubernamentales mexicanas cuentan con instrumentos tecnológicos especializados para intervenir las comunicaciones privadas, es decir, para espiarnos.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que, aún cuando su Gobierno cuenta con los instrumentos tecnológicos para espiar, no los ha utilizado en contra de ciudadanos comunes, sino que ha limitado su uso, exclusivamente, a vigilar las actividades de quienes han hecho de la delincuencia un estilo de vida.

En principio uno querría creerle al Presidente, sobre todo porque resulta sumamente desalentador considerar la posibilidad de que el Gobierno de nuestro propio País utilice en contra de sus ciudadanos, de forma indiscriminada, los instrumentos que ha adquirido con nuestros propios recursos.

Por desgracia, resulta sumamente difícil creerle a los poderes públicos. Y si tal afirmación es cierta, en términos generales, lo es más en circunstancias como la mexicana, en donde las instituciones públicas se han empeñado en dinamitar nuestra confianza.

Frente a tal realidad, el Gobierno de la República necesita entender que hará falta mucho más que simples declaraciones para que los ciudadanos podamos considerar la posibilidad de que dicen la verdad, es decir, que no nos está mintiendo cuando afirma que ha resistido la tentación de utilizar las herramientas tecnológicas a su alcance para espiarnos.

Tal posibilidad es más difícil en la medida en la cual salen a la luz pública informaciones en el sentido de que los proveedores de programas espía han tenido contacto directo con la Presidencia de la República y ello implica una relación de cercanía que se antoja difícil de desestimar.

No puede afirmarse, sólo a partir de la evidencia de una relación directa con sus proveedores, que la administración federal haya caído en la tentación de espiarnos, pero resulta difícil creer que no haya sido así, dados los antecedentes del sector público en México.

La sospecha pues, se encuentra sembrada. Evitar que germine no es cuestión simplemente de negar la posibilidad de que el Gobierno haya hecho “cosas buenas que parecen malas”, sino de algo más que eso: recuperar la confianza de los ciudadanos tiene que ver con el hecho de que el Gobierno haga cosas que demuestren, sin lugar a dudas, que el sector público mexicano es merecedor de confianza.