GIEI revela más irregularidades del Caso Iguala en su informe final
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este domingo su informe final en el que hace varias denuncias, pero también agrega novedades que no habían sido divulgadas hasta hoy.
Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el llamado caso Iguala, presentó este domingo su último informe por mandato, y en él denuncia una falta de voluntad del Gobierno de México para alcanzar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, y lanzó una alerta sobre la fracturación del expediente, lo que ha alimentado la impunidad.
Al inicio de la presentación del informe, la colombiana Ángela Buitrago reveló que durante su segundo periodo de mandato el Grupo de Expertos logró definir tres episodios nuevos en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
De acuerdo con el Segundo Informe Ayotiznapa ll Avances y Conclusiones de los cinco especialista hay un nuevo episodio que indica que en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo en retén en Mezcala, un lugar ubicado entre Chilpancingo-Iguala en donde participaron varios hombres armados.
Buitrago dijo que en la noche de Iguala estuvieron presentes tanto policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula, así como elementos del Ejército, y criminales. Agregó que todo esto genera la certeza para el GIEI de una “coordinación certera” entre esas policías para generar un “círculo de control” contra los autobuses de los estudiantes.
El último informe del GIEI contiene varios capítulos. El primero se refiere a la búsqueda de los estudiantes desde el 26 de septiembre de 2014, cuando agentes policiacos se los llevaron para presuntamente entregarlos a un grupo del crimen organizado. Trae un desarrollo amplio del trabajo de investigación realizado por el aparato de justicia mexicano y también uno sobre desaparición forzada en México, que trasciende a los 43 desaparecidos y denuncia la desarticulación del sistema judicial.
Los miembros de la Comisión ofrecieron este día una conferencia en el Claustro de Sor Juana. Estuvieron acompañados por los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, así como por distintas personalidades. Padres, activistas y pública se manifiestan este día a las afueras del Claustro para exigir una respuesta del Estado mexicano ante la desaparición no aclarada de los estudiantes.
La experta Ángela Buitrago explicó que el lugar de acción y el tiempo en que desaparecieron los 43 normalistas fue mayor al que se planteó en su informe pasado. “El GIEl pudo constatar que los hechos se desarrollaron en una zona geográfica mayor señalada en el primer informe y en el expediente de la PGR”, dijo la experta del GIEI
Un primer ataque se realizó a 10 kilómetros del cruce de Santa Teresa, contra el autobús de los Avispones. Un segundo se da contra los familiares de los integrantes de ese equipo de futbol, y un tercer ataque se dio ya de lleno contra el autobús de los futbolistas.
Buitrago dijo que las autoridades mostraron indiferencia con los heridos, al grado que los familiares tuvieron que trasladar a sus hijos al servicio médico.
Detalló que los militares respondieron que no podían apoyarlos porque no era su jurisdicción. Ahí, dijo, comienza el drama de los padres de los Avispones, que debe ser investigado a fondo y no desdeñado en el marco de la tragedia de los normalistas.
El GIEI hace varias denuncias en este informe, pero también agrega novedades que no habían sido divulgadas hasta hoy. Habla, por ejemplo, de un retén de hombres armados que el 27 de septiembre fue instalado a las afueras de Mezcala, Guerrero, donde un agente del MP habría sido herido. Pone énfasis en que elementos de la Policía de Huitzuco habrían participado en la desaparición de los estudiantes. Recoge testimonios del equipo de futbol Avispones, los cuales indican que no sólo dos sino varios agentes de la Policía Federal participaron en la noche de Iguala.
La especialista Ángela Buitrago dijo que se refuerza la línea del traslado de 14 estudiantes a instalaciones de la comandancia de Iguala. La detención de los normalistas fue reconocida por el jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores, quien a las 2 de la mañana preguntó por el oficial de barandilla, quien le confirmó que le habían llevado unos jóvenes.
Otro testigo más afirma haber visto incluso 10 muchachos, que estaban recluidos en el patio.
Sobre el quinto autobús, Buitrago destacó que hay elementos para afirmar que alguien, que no son los estudiantes, está mintiendo sobre los detalles de la existencia de esa unidad. Dijo que el conductor de ese autobús les narró a detalle cómo sale con ellos de a Central Camionera, luego la policía los detiene y los agrede, lo que contrasta con la declaración de otro conductor, que no fue identificado, y que se presenta a declarar.
Por ello, los expertos insistieron que la línea del quinto autobús no fue agotada y no debe ser cerrada, y lamentaron que se no pudiera avanzar en esta línea de investigación, por la falta de apoyo de la PGR para solicitar información a Estados Unidos sobre el narcotráfico que existe entre Iguala-Chicago.
El informe destaca que el autobús presentando por las autoridades “no es el bus que salió de Iguala” y que se aprecia en video recuperado. De acuerdo con testigos y con un peritaje realizado, las características del camión presentado por las autoridades no corresponden con las del autobús del video de la central camionera. Existen dudas con el chofer del quinto autobús, el cual para el GIEI es apenas el “presunto” chofer, pues podría haber otro.
La experta guatemalteca Claudia Paz y Paz dijo durante su intervención que Policía Federal Ministerial no practicó ninguna diligencia sobre el caso y no siguió protocolo alguno.
Paz y Paz dijo que a partir de enero la colaboración del Gobierno cambió, luego de que éste se cerró y no se respondió a ninguna de las solicitudes del GIEI.
“Lamentamos profundamente que una semana antes de que acabara nuestro mandato, se diligenciaran todas estas pruebas”, dijo Claudia Paz. Una de las línea de investigación que ya no siguieron tienen que ver con telefonía, pues la versión de que se quemaron los celulares esa noche siguieron encendidos y funcionando un mes después.
Explicó que no fue sino hasta la segunda semana de abril que se tomaron 65 declaraciones que se habían solicitado entre julio y agosto pasados. Esas declaraciones no pudieron ser analizadas a profundidad para realizar el último informe del GIEI, que hoy termina sus labores de investigación en México.
Claudia Paz expresó que en cuanto a los miembros del 27 Batallón Militar de Iguala, había entre 500 y 600 efectivos en el destacamento.
El GIEI encontró que personal militar estuvo presente en varias de las escenas de los hechos violentos y anota que fueron testigos directos de los hechos en varios de los escenarios.
“Por ello solicitamos una entrevista con ellos. Pero no fue posible”, dijo Paz. Los expertos presentaron varias preguntas que hubiera planteados a los militares. Uno de ellos es a un militar , un agente de inteligencia, que estuvo 45 minutos en el escenario del Palacio de Justicia.
El soldado tomó fotografías de los hechos que en agosto de 2015 se incorporaron al expediente, pero no en originales, sólo en un Power Point.
Las preguntas que el GIEI le hubiera realizado son: “¿Cuándo vio todo esto, qué informó?, ¿qué instrucciones le dieron?, y ¿cuándo vio que agredían a los jóvenes, por qué no hizo nada para protegerlos?”.
Hay testigos que aseguran que acudieron con los miembros del 27 Batallón de Infantería para pedirles ayuda y les fue negada. “Les dijeron que no era su jurisdicción, que no podían hacer nada”, dijo Paz.
En su intervención, Francisco Cox dijo que hasta su informe de septiembre pasado había cuatro versiones sobre el basurero de Cocula. “Nosotros advertimos ‘ojo, con la quinta versión’”, refirió.
Explicó que esa quinta versión que no tiene ningún sustento y contradice la versión oficial de enero de 2015. “La quinta versión contradice la propia investigación ordenada por la PGR, e incluso llega a la conclusión de que en una pick up, donde presuntamente fueron transportados los estudiantes al basurero de Cocula, caben 43 personas”, dijo.
Comentó que once días después de ese informe del GIEI, se detiene a “El Gil”, “y ahí surge de voz de Tomás Zerón la quinta versión”.
Cox dijo que cuando se solicitó información a los otros expertos que han estado involucrados en la investigación del caso, los propios expertos dijeron el GIEI que no podían otorgarle datos debido a que habían firmado una cláusula de confiabilidad y sólo podían hacerlo si la PGR los liberaba de la misma. “Hasta hoy eso no ha sucedido”.
El peritaje sobre dinámica del fuego que hicieron expertos contactados por la PGR en el basurero de Cocula, consta de nueve páginas y que no cumple con los estándares de calidad. No se tomó en cuenta el peritaje de José Torero, ni el del equipo Argentino Forense.
Ese dictamen, dijo Francisco Fox, busca dar credibilidad a lo declarado por inculpados que sostienen la “verdad histórica”.
Cox indicó que el GIEI no tuvo acceso a la investigación, a pesar de haberse anunciado que sería de forma conjunta.
“No se explica como los restos encontrados dan veracidad a las declaraciones, cuando ninguna de las verificaciones provienen de restos del basurero. Las verificaciones que hay provienen del río San Juan”, dijo.
Al tomar la palabra, Carlos Beristain anunció que se analizó la situación médica conforme al expediente de 17 detenidos, entre ellos de los 5 inculpados que sostienen la versión del basurero de Cocula.
Se llegó a la conclusión que los informes de integridad física son limitados, no hay fotografías ni evaluación de las lesiones. Hay contradicciones en los informes sobre las lesiones que tienen los inculpados.
“El primer informe no tienen lesiones, en el segundo ya tienen, en el tercero y cuarto más lesiones, indicios que se tienen que investigar” dijo. “Muestra que los casos hay indicios de malos tratos”, indicó.
Berstain dijo que el 28 de octubre de 2014 personal de la PGR acudió a la zona aledaña al Río San Juan donde recolectó pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino ya que la inspección de ese día no quedó registrada en el expediente. Un día después fue que se halló la bolsa.
El experto refirió que lo anterior quedó capturado en video realizados por fotoperiodistas. Dijo que entre la evidencia recolectada el 28 de octubre había huesos, los cuales se desconocen si son de animales o humanos.
