Gastos de campaña 2017: hoy es el ‘Día D’

Hace más de una semana que el ambiente electoral se encuentra inundado de especulaciones respecto del derrotero de la elección del pasado 4 de junio. Desde que la Comisión de Fiscalización del INE dio a conocer que, de acuerdo con sus criterios técnicos, los dos candidatos punteros habían rebasado el tope de gastos de campaña, y por mucho.

Tal circunstancia, como se ha repetido hasta la saciedad en los últimos días, implica la posibilidad de que, una vez aprobado el dictamen de la Comisión de Fiscalización por el Consejo General del INE, los tribunales electorales decidan que eso es causal suficiente para anular la elección.

Pero también se insistió mucho en las últimas horas en un hecho que conduce a una discusión sólo para iniciados: que la conclusión respecto del rebase de los topes de gastos de campaña en que habrían incurrido Miguel Riquelme y Guillermo Anaya en realidad derivaría de la aplicación “sesgada” de ciertos criterios contables.

Cualquier cosa que eso signifique, la información dada a conocer ayer parecería dar la razón a los dirigentes partidistas y candidatos –de todos los colores– que durante la semana insistieron en afirmar que no habían incurrido en las irregularidades que se les imputan y por ello dedicaron todo su tiempo a labores de “cabildeo” en el INE.

Tales esfuerzos parecen haber rendido fruto pues ayer se conoció de una “rectificación” en el dictamen sobre los gastos de campaña de Coahuila, misma que implicaría presentar hoy, en la sesión de Consejo General del INE, un dictamen distinto al que se circuló el sábado anterior.

¿Qué significa eso exactamente? Al igual que la explicación ofrecida en primera instancia respecto de las razones por las cuales los candidatos habrían rebasado los topes de gasto, parece difícil que los nuevos argumentos puedan ser explicados de manera que todos podamos entenderlos.

Y lo que eso significa es que, lejos de recuperar la confianza de la comunidad, las instituciones electorales le abonarán más al descreimiento con el cual se observan, desde la perspectiva ciudadana, los procesos de renovación del poder público.

Porque la pregunta obligada frente a tal situación es: ¿eso que, gracias al “cabildeo” de los partidos políticos, los consejeros electorales del INE habrían “descubierto” en las últimas horas, no pudieron haberlo observado en primera instancia cuando elaboraron el primer dictamen que hicieron público?

Resulta muy difícil de entender que el primer dictamen y el que hoy se someterá a votación del Consejo General derivan de la estricta aplicación de criterios técnicos y no de la incorporación de criterios políticos a los lineamientos con los cuales debe fiscalizarse el gasto de campaña.

Y es que, incluso si es cierto que los “ajustes” realizados al dictamen pueden explicarse a partir de criterios estrictamente técnicos, la duda se encuentra sembrada y el INE difícilmente podrá convencer a los electores de que sus “rectificaciones” no son producto de la presión política que actores específicos de la vida pública están ejerciendo sobre ellos.

Lejos de recuperar la confianza de la comunidad, las instituciones electorales abonan al ambiente de especulación con las ‘rectificaciones’ en sus dictámenes