‘Gasolinazo’: el descontento unánime
COMPARTIR
TEMAS
Por muchos discursos que nos receten desde las dependencias gubernamentales, nadie puede creer que la situación va a mejorar
La “cuesta de enero” constituye una de las tradiciones más arraigadas entre la sociedad mexicana, pero es una que todo mundo ha asumido históricamente con estoicismo porque se trata de una “crisis” provocada por los excesos personales cometidos durante las fiestas decembrinas en las cuales suele gastarse más de lo razonable.
La “cuesta” de este año es diferente: se trata de un bache formado, de un lado, por las consecuencias económicas que acarrea el alza en los combustibles y, del otro, por una enorme dosis de frustración e irritación provocadas por lo que la mayor parte de la población considera una monumental tomadura de pelo de nuestra clase política.
Al inaugurar el sexenio del presidente Peña Nieto, las principales fuerzas políticas del país se pusieron de acuerdo para impulsar un conjunto de reformas cuya concreción, nos aseguraron, lograrían que finalmente las principales variables de la vida pública –las económicas y las políticas– mejoraran su desempeño y a todos nos fuera mejor.
Dos de esas reformas fueron la hacendaria y la energética. Al negociarlas y convertirlas en norma pública, los miembros de nuestra clase política afirmaron a coro que lograrían transformaciones profundas en la economía nacional, cuyos efectos –por fin– se notarían en nuestros bolsillos.
Entre los efectos palpables, se nos dijo al concretar el ciclo de las transformaciones legislativas en el año 2015, estaría el que dejaríamos de padecer los aumentos constantes en las gasolinas y el precio de la energía eléctrica disminuiría.
En efecto, ocurrieron ambas cosas y durante un lapso –que ahora a todos se nos antoja sumamente breve– no se registraron incrementos mensuales a la gasolina, lo que parecía actualizar una realidad largamente ausente de nuestra vida colectiva: los políticos cumplían una promesa.
Por eso el disgusto es ahora tan grande y las protestas se han generalizado en el territorio nacional. Por eso el reclamo es tan estridente y demanda incluso la dimisión del Presidente de la República, si bien esta última demanda no es la primera ocasión en la cual se plantea.
Porque el problema no es solamente el incremento en la gasolina –que, por supuesto, implica un golpe a la economía personal de todos–: el problema es que la sociedad se siente engañada y considera que todo el proceso seguido hasta ahora para “modernizar” nuestra economía no ha sido otra cosa sino una pifia monumental.
Por eso también es de esperarse que las manifestaciones continúen y se multipliquen durante los próximos días y meses, pues por muchos discursos que nos receten desde las dependencias gubernamentales, nadie puede creer que la situación va a mejorar.
La proximidad de los procesos electorales locales –como es el caso de Coahuila– tampoco ayudará a mejorar el ánimo colectivo. Y de junio de 2017 a las elecciones de 2018 el descontento social se convertirá seguramente en el combustible fundamental de la sucesión presidencial.