Funcionarios de Tamaulipas se blindan para no transparentar sus bienes
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Con el acuerdo aprobado por la Contraloría y el Congreso de Tamaulipas, los funcionarios estatales y municipales podrán ocultar, si así lo desean, sus bienes y recursos económicos. La medida se ofrece para el declarante, el cónyuge y las personas que dependen de estos
La Contraloría de Tamaulipas cuenta con un acuerdo oficial con el que los funcionarios estatales y municipales, que dejarán su cargo el próximo 30 de septiembre, podrán ocultar, si así lo desean, sus bienes y recursos económicos.
A un mes de terminar el mandato de Egidio Torre Cantú, la Contraloría de Tamaulipas, con el apoyo del Congreso estatal, actualizó el instructivo para el llenado de las declaraciones patrimoniales. El nuevo documento da opción a los funcionarios de entregar o no versiones públicas de las declaraciones.
El punto 15 del instructivo advierte al funcionario de la posibilidad de prohibir que los bienes de su propiedad sean públicos con solo especificarlo en un recuadro. Dicha opción aparece en la penúltima hoja del formato de declaración patrimonial.
“¿Está de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales? En caso de que su respuesta sea afirmativa, pero usted desee que sea parcialmente pública, deberá seleccionar la información que se excepcione marcándola con X”, indica el documento.
El “acuerdo” muestra las posibilidades de ocultar los bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, recibos por prestaciones del cargo público o resultado de otra actividad profesional y hasta la cantidad de ganado que poseen. Las opciones se ofrecen para el declarante, el cónyuge y las personas que dependen de estos.
Con esta medida, los funcionarios salientes, así como los que ocuparan los nuevos cargos a partir del 1 de octubre, podrán abandonar o ingresar a la función pública sin rendir cuentas a los ciudadanos. En Tamaulipas, la Contraloría recibe declaraciones al iniciar el mandato, anuales y al dejar el cargo o finalizar el periodo en el gobierno.
El 1 de octubre de 2002, la entonces contralora del gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba, Aida Araceli Acuña Cruz, autorizó los primeros formatos para que los funcionarios declararan sus propiedades. El acuerdo no daba la opción de publicar los bienes y recursos económicos de los trabajadores estatales y municipales.
El pasado 30 de agosto, la titular de la Contraloría, Gilda Cavazos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, aprobaron la nueva medida. La modificación fue sustentada en el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que impide a los ciudadanos obtener las declaraciones de patrimonios íntegras.
El ocultamiento de los bienes se afianzó con adhesiones al capítulo I de la Ley de Responsabilidad estatal, que no obliga al funcionario a publicar las declaraciones. Inclusive, en el inciso F del apartado legal de los formatos, la Contraloría informa al funcionario: “el manejo de la información proporcionada por usted, es estrictamente confidencial y para uso exclusivo de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas”.
Al respecto, el investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes, señaló que Tamaulipas se adelantó a la definición del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), pero sin reformar la norma para incluir las declaraciones fiscales y de intereses.
El artículo 29 establece: “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
El analista destacó que dejar que el funcionario decida la versión pública de su declaración va contra el espíritu de la nueva ley. “Justo esta pregunta es la que nosotros buscamos cambiar en las leyes generales, que no fuera voluntario sino que fuera obligatorio. Tamaulipas está en desacuerdo legalmente con lo que tendría que ser en los próximos años”.
Ante ese panorama el analista del IMCO sostiene que el Congreso de Tamaulipas tendrá que modificar esa situación, pues de no hacerlo caería en una inconstitucionalidad. Por lo pronto, los funcionarios salientes se blindan para no transparentar sus bienes.
