‘Fotomultas’: deben analizarse integralmente
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De acuerdo con el balance que el Ayuntamiento de Saltillo ha presentado, a un año de implementarse el programa “Radar Vial” -que todos conocemos como “fotomultas”-, se ha registrado un drástico descenso en el número de víctimas producidas por accidentes automovilísticos.
La estadística aparece contundente en un primer momento: entre abril de 2015 y marzo del presente año, el número de muertes se redujo de 34 a sólo seis; las personas lesionadas bajaron de un mil 283 a 922 y el número de percances viales pasó de 564 a 331.
Comparada con otras ciudades del País -como Guadalajara, Puebla o Monterrey- la capital coahuilense también ha mejorado su estadística en número de personas fallecidas, en accidentes viales, por cada 100 mil habitantes: mientras que en Saltillo esa tasa es de sólo 2, en la capital de Nuevo León es de 16, en Guadalajara de 26.3 y en Puebla de 12.9.
Sin duda las cifras presentadas por la administración de Isidro López Villarreal demuestran una variación importante en indicadores relevantes y no debe regateársele por ello el mérito de haber implementado un programa que ha resultado exitoso en dicho terreno.
Sin embargo, es necesario hacer énfasis en el componente fundamental que se encuentra detrás de la variación en las estadísticas infaustas de la circulación vial: la reducción en la velocidad a la cual circulan los automovilistas en determinadas zonas de la ciudad.
En otras palabras, lo que debe tenerse en cuenta aquí es que para disminuir, como se ha hecho, el número de percances automovilísticos -y, con ello, la incidencia de víctimas- lo que se requiere es que los automóviles circulen a menor velocidad por las avenidas de flujo continuo.
La pregunta obligada es: ¿el temor a ser sancionados con una multa de alto monto, es la única forma de lograr que los automovilistas reduzcan la velocidad de circulación por nuestras calles?
Cualquiera que haya conducido un auto por las calles de Estados Unidos sabe perfectamente que en el vecino país, por regla general, los automovilistas respetan los límites de velocidad sin necesidad de que en las calles existan cámaras encargadas de “multar” a quienes violen la ley.
Habría que estudiar entonces los modelos que en otros países han generado una cultura vial a la cual se someten los automovilistas sin la necesidad del mecanismo coercitivo de una “multa electrónica” y analizar la forma en la cual puede adaptarse a nuestra realidad.
Afirmar, sin más, que a la existencia de la “fotomultas” debe adjudicarse el éxito de haber disminuido drásticamente el número de víctimas de accidentes viales implica reducir el fenómeno a uno de sus componentes accesorios, perdiendo de vista lo fundamental.
Lo que sigue entonces, no es insistir en la necesidad de sostener -y eventualmente ampliar- el programa de fotomultas, sino en plantear cómo podríamos obtener el mismo resultado utilizando otros mecanismos.