Fepade, ¿realiza ‘activismo político’?

Horas después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales diera a conocer, a través de un boletín de prensa, de la realización de un cateo mediante el cual se detectaron artículos presuntamente adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, que pretenderían ser utilizados con fines electorales, el Ayuntamiento de Torreón y el PRI han salido a revirar los señalamientos acusando a la Fepade de “activismo”.

Tanto la administración de Torreón como la dirigencia estatal tricolor han formulado un planteamiento concreto: no les parece “normal” que la Fiscalía “presuma” de forma tan ruidosa la realización del que sería su primer cateo y aseguramiento de mercancías.

Un dato relevante hay en los señalamientos de ambas partes que debe ser aclarado de forma puntual: el relativo a la presunta violación de la secrecía de una investigación.

Porque independientemente de que las conductas ilícitas deben ser investigadas, perseguidas y castigadas –y aún más aquellas que atentan contra los valores democráticos–, lo que a nadie debe pasarle por alto es la obligación que la autoridad tiene de ceñirse estrictamente a la legalidad en dicho proceso.

Resulta injustificable –en éste y en cualquier otro caso– que en aras de mostrarle a los ciudadanos que sí se está trabajando para combatir las conductas ilegales, sea la propia autoridad la que incurra en ilegalidades al incumplir sus obligaciones elementales.

Peor aún: resultaría sumamente lamentable que, de existir un caso de real de violación a las normas comiciales, fuera este “apresuramiento” de la Fiscalía el tecnicismo que le sirviera a los presuntos responsables de la conducta ilegal para evadir la acción de la justicia.

No sería el primer caso en el cual una autoridad federal, en aras del “lucimiento mediático”, incurriera en excesos que dieran al traste con la posibilidad de castigar un ilícito.

Más allá de eso, y por mucho que individualmente podamos considerar que aquí se detectó una irregularidad y la autoridad hizo bien en exponerla públicamente, todos haremos bien en entender y asumir que el principio de presunción de inocencia obliga –a las autoridades en primer lugar– a no dar por sentada la culpabilidad de nadie hasta que ésta no se demuestre, más allá de cualquier duda razonable, ante un juez.

No es, no puede ser, el linchamiento mediático la vara de la justicia en las sociedades democráticas. Que no se exonere a nadie de antemano, pero que tampoco se le condene de antemano: ése es el principio que todos estamos obligados a respetar y que a todos nos conviene defender.

La Fepade, como autoridad, ha sido señalada en esta ocasión de actuar motivada por un interés. Sus funcionarios harán bien en despejar rápidamente, de forma contundente, que su actuación estuvo apegada a la legalidad, que cumple de forma escrupulosa con su tarea de procurar justicia y que se encuentra lejos de la tentación de cualquier “activismo político”.