Entre corrupción y anticorrupción

En los últimos meses hemos sido testigos de la investigación a gobernadores y exgobernadores por diversos delitos vinculados al uso indebido de los recursos públicos; mientras tanto, las consecuencias sociales como falta de servicios públicos, medicinas y pagos, ya se resienten.

Entre los casos más polémicos está sin duda Javier Duarte quien durante años delinquió cínicamente y saqueó al estado de Veracruz. Junto a este caso, hay más de una docena de investigaciones contra ex gobernadores mentirosos, omisos, simuladores y todos ellos nos indican el porqué los ciudadanos están enojados con la autoridad.

Al respecto hay varias reflexiones. La primera, y quizá la más importante, es que los ciudadanos hemos cambiado, ahora estamos mucho más involucrados que antes en estos temas, y todo indica que después de varios años, la fiscalización ciudadana ha tenido impacto, por ello seguiremos pendientes de señalar la corrupción.

Uno de los efectos de la fiscalización ciudadana es que la PGR, además de iniciar las investigaciones —esto es un gran avance—, ha ofrecido recompensas para capturar a varios de estos personajes corruptos. También que poderes como el Congreso de Colima presentó una denuncia contra el gobernador que dijo dar cursos a policías, pero en realidad nunca los dio.

El efecto ha permeado a nivel internacional y hasta el Departamento de Justicia de EU busca a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y autoridades de EU y Holanda investigan al exgobernador de Sonora por transacciones irregulares e ilícitas en sus instituciones financieras.

Sin embargo, también hay que reconocer que aunque la pesquisa está desatada, no hay garantía de que los gobernadores en turno se acaten a cumplir con sus responsabilidades y sobre todo con el juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. Los ciudadanos entonces estamos llamados a hacerlos que cumplan y a cerrarles los huecos que permiten que la corrupción siga.

Algunos de éstos huecos los encontramos en mecanismos sofisticados como los fideicomisos de Puebla que aseguran recursos a unas cuantas personas por las próximas decenas de años, o qué decir de los tradicionales prestanombres, empresas fantasma, venta de terrenos a precios irrisorios, licitaciones pactadas, entre otras tantas. Además, los amparos y blindajes para tratar a toda costa de evadir la ley y las leyes que se aprueban para protegerles, una vez terminado el cargo, también deben revisarse.

Los partidos políticos, por su parte, en el discurso se pronuncian a favor de combatir esta corrupción y en algunos casos, han presentado denuncias contra sus correligionarios ante las autoridades correspondientes, sin embargo tal parece que esto es sólo un abono para tratar de recuperar la credibilidad de sus votantes, porque en el fondo muchos no hacen lo correspondiente para cumplir con sus obligaciones ciudadanas. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos pagarán puntalmente sus impuestos (IVA, Predial, Nómina, etc.)?

El ánimo por cambiar por parte de los políticos es raquítico y así lo demuestra el escaso número de declaraciones registradas en el #3de3, tan sólo 807 que no representa ni la cuarta parte de declaraciones de funcionarios del gabinete federal, senadores, diputados, gobernadores, acaldes, etc., que si realmente tuvieran voluntad se sumarían a esta importante iniciativa.

Como bien afirma María Amparo Casar, los políticos y sobre todo los dirigentes de los partidos políticos traen la bandera anticorrupción, pero a la hora de mostrar en la práctica su compromiso, no encontramos evidencia.

Ante esto, es importante dejar en claro que sí es posible acabar con la corrupción y castigar a los corruptos. Para ello es prioritario que las instituciones encargadas de investigar a los responsables tengan procedimientos legales sólidos, sean políticamente fuertes, independientes en su actuar. Solo así lograremos el cambio de fondo que necesitamos los mexicanos.

@MaElenaMorera