En Veracruz por decreto se entregó dinero a empresas fantasma: Ex jefe de Policía de Duarte
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Según declaró Arturo Bermúdez estos pagos hechos a empresas fantasmas supuestamente eran por conceptos de comunicación social, pero no había ni licitaciones; el monto del presunto desvío con esta mecánica superaría los 500 millones de pesos
Por Arturo Angel @arturoangel20 para Animal Político
El exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, confesó a la Procuraduría General de la República (PGR) que en la administración de Javier Duarte se hicieron pagos a empresas fantasma con recursos públicos, por órdenes de un decreto firmado por el propio exgobernador.
El monto del presunto desvío con esta mecánica superaría los 500 millones de pesos, como arrojan 348 facturas de las que Animal Político tiene copia.
En el resumen que la PGR dio de la declaración de Bermúdez, durante la audiencia de vinculación a proceso contra Javier Duarte, el exSecretario de Seguridad Pública reconoció que hubo malos manejos de recursos públicos; y aseguró que el exgobernador de Veracruz firmó un decreto para que el presupuesto de comunicación social, que correspondía a distintas dependencias del estado, fuera manejado y aprobado directamente por la Secretaría de Finanzas estatal.
“El dinero terminó en proveedores que se dedicaban a emitir facturas pero que no tenía la capacidad de hacer ningún trabajo. Eran empresas de estas de papel”, dijo el funcionario según el relato hecho por la fiscal.
Como la audiencia del pasado sábado 22 de julio solo era para que la PGR presentara indicios, no se profundizó en mayores detalles sobre la declaración de Arturo Bermúdez, quien también está preso por cargos de enriquecimiento ilícito, sin embargo, la Procuraduría anunció que obtendrán una ampliación de la declaración ministerial.
Este pago a empresas fantasma, confirmado por Bermúdez Zurita, involucra por lo menos a 19 empresas y 12 dependencias, de acuerdo con una investigación que Animal Político publicó el pasado 8 de diciembre.
No hubo licitaciones
A lo largo del año 2014, la Secretaría de Finanzas avaló 348 facturas de pago a distintos proveedores que, supuestamente, habían realizado el servicio de “difusión de actividades del gobierno de Veracruz”. Es decir, era gasto de comunicación social.
Pero no hubo licitaciones para autorizar alguno de estos pagos, porque las 12 dependencias a nombre de las cuales estaban las facturas, no tenían facultades legales para llevar procesos de adquisición por estos rubros. Pese a ello de sus arcas salieron los recursos facturados.
En total, fueron 502 millones 571 mil pesos los recursos que tan solo en 2014 se entregaron por conceptos de “difusión de actividades” a las empresas fantasma.
La dependencia de donde salió la mayor cantidad de dinero fue, justamente, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, que dirigía Arturo Bermúdez, con un total de 54 millones 423 mil 728 pesos facturados a las compañías fachada.
Luego se encuentra la Secretaría de Turismo con 51 millones 238 mil 966 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social con 50 millones 78 mil 969 pesos; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario con 48 millones 474 mil 661 pesos; la Secretaría de Educación con 47 millones 679 mil 322 pesos; la Secretaría de Salud con 46 millones 976 mil 222 pesos.
También salieron recursos, por este concepto, de la Secretaría de Protección Civil con 46 millones 625 mil 400 pesos; Secretaría de Gobierno con 41 millones 78 mil 690 pesos; Secretaría de Medio Ambiente con 39 millones 612 mil 422 pesos; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con 39 millones 305 mil 604 pesos.
De la entonces Procuraduría de Justicia de Veracruz (hoy Fiscalía) se pagaron a esta red de compañías fantasma 36 millones 401 mil pesos, mientras que a nombre de la Secretaría de Comunicaciones del estado se facturaron 676 mil 700 pesos.
Las empresas involucradas
De las 19 empresas que recibieron recursos por 500 millones de pesos, hay 10 que pertenecen a la red de compañías fantasma que Animal Político reveló en una investigación. Estas compañías participaron en 2012 y en 2013 en licitaciones simuladas y adjudicaciones directas en las secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Educación.
Pero, en 2014 se les utilizó para facturarles el 83% de los 502 millones de pesos por los supuestos gastos en comunicación social.
Se trata de las empresas presas Carrirey, Ravsan Servicios Múltiples, Anzara, Mogarver, Merca Carrey, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Centro de Recursos de Negocios CERENE, y Desarrolladores Mercalim.
Todas estas compañías solo existen en papel. El Servicio de Administración Tributaria realizó auditorías que confirmaron que eran empresas falsas, que facturaban operaciones simuladas.
Las otras nueve empresas que también facturaron gastos de comunicación social son: Comercial Patrol, Principal Enajena, Promoción y Comunicación, Comercializadora Jisar de México y Compañía Sanagora de Servicios, cuyas actas de constitución se encuentran inscritas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Además están Gman Smart Business, Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos SIMPE y Servicios Generales M, constituidas en Veracruz y Boca del Río.
Animal Político publicó en diciembre pasado que este segundo grupo de compañías tampoco existe. Algunas comparten domicilios con otras empresas ya verificadas como inexistentes. Hay una de las compañías, Servicios Generales M, cuyo domicilio corresponde en realidad a una estética de belleza.
Desvíos por decreto
La administración de Javier Duarte logró a través de decretos, que recursos públicos que estaban etiquetados para ciertos objetivos fueran desviados para otros fines, con el argumento de que había necesidades urgentes que deberían atenderse.
Además del caso confesado por Bermúdez, el 19 de diciembre del 2011 el entonces gobernador de Veracruz publicó el decreto 289 en la Gaceta Oficial del Estado, con el que facultó a la Secretaría de Finanzas a tomar recursos de partidas estatales y federales etiquetadas y dirigirlo a rubros distintos.
Tanto la auditoría federal como la veracruzana han documentado presuntos desvíos que superan los 40 mil millones de pesos en Veracruz.
