Empresa desvió millones de Pemex a compañía que organiza charreadas
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de empresas investigadas como ‘fantasma’ a Holmal Construcciones. Esta sociedad participó en La Estafa Maestra desviando 13 millones de Pemex a otra sociedad que debía dar asesorías especializadas a la petrolera, a pesar de no tener el perfil para ello.
Por Manu Ureste, Nayeli Roldán y Miriam Castillo para Animal Político
A través de la triangulación de recursos públicos, Holmal Construcciones SA de CV, una de las 9 empresas boletinadas recientemente por el SAT como “presunta fantasma” y que participó en La Estafa Maestra, desvió 13.2 millones de pesos a través de una compañía dedicada a la organización de “charreadas” y “peleas” de lucha libre.
Leer: La Estafa Maestra: graduado en desaparecer dinero público
El dinero público desviado estaba destinado a brindar a Pemex asesoría especializada y “asistencia técnica y apoyo operativo” en la exploración y perforación de pozos petroleros.
Para ello, Pemex hizo un acuerdo con la Universidad del Carmen (Unacar), en septiembre de 2013, para que la institución brindara la asesoría. Sin embargo, tras comprometerse a realizar el trabajo, la Unacar terminó subcontratando a empresas que no tenían la capacidad, que a su vez subcontrataron a otras compañías inexistentes o sin el conocimiento para hacerlo.
La ruta del desvío
El 10 de septiembre de 2013, Pemex y la Unacar firmaron el convenio número 420403822, por un monto de 83 millones 953 mil pesos, donde la Universidad se comprometía a dar a Pemex servicios de asistencia para la exploración y perforación de pozos.
De acuerdo con la cláusula 13 del convenio, cuya copia guarda Animal Político, la Unacar declaró por escrito que tenía la capacidad para dar los servicios y que “no” subcontrataría a ninguna empresa.
La Unacar no cumplió el convenio y subcontrató a dos compañías con 71 millones 033 mil pesos (el 84.6% del dinero que le pagó Pemex). Violando la ley federal de adquisiciones, misma que establece que la universidad no podía subcontratar más del 49% de los recursos.
