Elecciones políticas y mujeres

Coahuila tendrá, en junio de 2017, elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones, y la reflexión encamina necesariamente a la posible participación femenina en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular. 

Hace unos 2 mil 500 años, Pericles, el estadista ateniense que dio nombre al periodo más brillante de la historia griega, se distinguió como el vocero y defensor máximo de la democracia. El gran orador no gustaba mucho de aparecer en público, pero en una de sus intervenciones en la asamblea pronunció esta frase inmortal: “No diremos al hombre a quien no interesa la política que no es asunto suyo.

Le diremos que nada tiene que hacer aquí”. Esta frase que entiende por “hombre” al género humano, debiera ser conocida por todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo: la política es asunto de todos, hombres y mujeres, porque el ser ciudadano implica tener obligaciones y derechos políticos. Las mujeres, entonces, no podemos permanecer ajenas a las elecciones que se avecinan.

Hace apenas un poco más de 60 años que las mujeres mexicanas tenemos constitucionalmente la plenitud de derechos ciudadanos. Entre esos derechos están el de votar para elegir a las autoridades que habrán de gobernarnos, a hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, en los distintos niveles de Gobierno marcados por la Constitución, así como la posibilidad de ser votadas para alcanzar algún cargo de elección popular, igualando en este sentido los derechos de hombres y mujeres.

En México, la discriminación contra la mujer sobrevive todavía en muchos campos. Aún falta mucho para que la sociedad mexicana llegue a abolir el trato infamante del que la mujer ha sido objeto históricamente. En el campo político votamos, pero muchas mujeres no lo hacen por ignorancia, por miedo a sus padres o esposos, o porque ellos no se los permiten. Apenas hace 13 años que las leyes electorales mexicanas aseguraron, en un primer y tímido intento, la participación de las mujeres como candidatas, al prohibir a los partidos políticos tener más del 70 por ciento de candidatos de un mismo sexo. Tal medida parecía una galante concesión de los hombres a las mujeres para que pudieran ocupar hasta el 30 por ciento de las candidaturas, y muy probablemente obtener la misma proporción en los cargos a los que se postulaban. Esto propició una especie de fraude electorero, que no electoral, y fue la creación de una figura bautizada por el pueblo con el nombre de “juanita”. En ocasiones, los partidos políticos lanzaron candidatas mujeres porque eran las que aseguraban el triunfo en las urnas, pero iban con la consigna de renunciar de inmediato al cargo para ser ocupado por su suplente masculino. Aquello fue una brutal forma de discriminación femenina y una conducta aberrante de las mujeres que se prestaron a ello en aras de obtener cualquier otra canonjía de su partido. Coahuila tuvo algunos sonados casos de “juanitas”, algo que el electorado difícilmente olvida.

El antiguo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) marcó con lo anterior un importante avance en la participación política femenina, que permitió llegar al Artículo 232 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el año pasado: “Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. Es decir, con la nueva ley, el número de diputadas y senadoras en las Cámaras puede llegar a ser igual al de los diputados y senadores. En la elección de Gobernador y presidentes municipales las mujeres deberán entenderse con sus partidos, ya que no puede exigirse paridad donde no la hay.