El seguro de impunidad de Malova

Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, sabe que ya se va. Entregará a Quirino Ordaz un gobierno cuestionado en lo económico, en lo social y, sobre todo, en lo político. La alta expectativa de cambio que vendió para ser el primer Gobernador de “alternancia” en Sinaloa ahora le cobra factura.

Le quedó muy lejos el sueño de ser “El Mejor Gobernador” del País. Los malos indicadores generales contrastan con su discurso triunfalista. No pudo –o no quiso– sacar a Sinaloa de la triste medianía en que se ubica. Es cierto, al final de su sexenio el crecimiento del PIB está por encima de la media nacional, gracias a ciertas inversiones en industria y minería, pero en general el saldo del sexenio es negativo. 

Malova, como se le conoce, deja muchos asuntos pendientes. El más grande sigue siendo la seguridad. La inversión en patrullas y policías funcionó al principio, pero sin una procuración de justicia autónoma y sin voluntad política para combatir al crimen organizado sin distingos era predecible que la falsa paz duraría lo mismo que el pacto entre cárteles. Y como es normal en esas estructuras, el conflicto volvió y el homicidio doloso repunta. El argumento de que Sinaloa es un Estado de “gente buena” y “que los narcos se matan entre ellos” no alcanza. El Estado no puede claudicar en su obligación de garantizar la seguridad de sus habitantes. La gente no puede matarse en las calles con el Gobierno como testigo. Al final pagamos todos.

El gobierno malovista ha sido criticado por repetir la dinámica de “cuates”. Es chiste común en Sinaloa que es más valiosa un acta de nacimiento de Los Mochis (de donde proviene el grupo en el poder) que un título de Harvard. Espero que el Gobernador electo no haga lo mismo con los mazatlecos, que andan eufóricos porque “ya les toca”.

En medio de ese cuestionamiento, el gobierno que se va se nota nervioso. Vaya cinismo, hasta el último año de gobierno les empieza a preocupar su reputación y van por diferentes espacios dando clases de moral. El problema no es ése, sino la búsqueda de maneras más efectivas de protegerse, por eso el 19 de agosto pasado, Mario López Valdez revivió un decreto de hace tres años para darle mayor permanencia a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿Qué significa esto? Muy simple. Que el Gobernador garantiza a los magistrados actuales quedarse hasta 6 años más. Eso significa que si hubiera algún delito que perseguir sobre su administración, serían precisamente estos magistrados quienes lo juzgarían. No es física cuántica, se llama cálculo político.

Con la publicación del Decreto 768 Mario López Valdez se une al club (http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/va-malova-por-el-camino-de-los-duarte-y-borge-1046877) de Roberto Borge, César y Arturo Duarte en la burda intentona de blindar su futuro a ojos de todos. Si bien el Gobernador sinaloense no se inventa un sistema completo, el mensaje es muy claro: quiere que los magistrados le deban el favorcito.

En su defensa, esta semana el Gobernador declaró: “Esa iniciativa no pretende blindar a ningún gobierno, ni municipal ni el estatal, porque el Tribunal de lo Contencioso siempre está del lado de los ciudadanos y siempre actúa en contra de las autoridades”. 

Olvida el Gobernador que la separación de poderes en Sinaloa no existe y que todos hemos visto el control que ejerció desde el Ejecutivo vía dádivas, posiciones y beneficios. 

Mario López Valdez entregará la gubernatura no a un candidato del PAN, el PRD o una coalición ganadora, sino a su partido de origen, el PRI. Un partido que a nivel nacional sufrió un revés electoral enorme y que en Sinaloa presume ser “Caso de Éxito”. ¿Casualidad? Por supuesto que no, el mal gobierno y una elección de Estado le permitieron el privilegio de ser la excepción nacional en la anterior jornada electoral.

Ahora, argumenta el Gobernador que revive el decreto hasta ahora porque no quería ser malinterpretado. ¿Será acaso que ya no confía en las negociaciones con el grupo político que viene? El Decreto 768 era un seguro de impunidad, un “úsese en caso de emergencia” y por eso aparece ahora. Justo en el momento en que el Gobernador no tiene claro hasta dónde la línea de Presidencia le permitirá un retiro tranquilo.

Frente al Decreto, la Coparmex de Sinaloa llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría general de la República para que interpongan una acción de inconstitucionalidad. Teodoro Salazar Uriarte, presidente de la Comisión de Cabildeo, comentó que los recursos de revisión van en contra de la reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. Y que la reforma local infringe los artículos 7 y 8 transitorios del decreto de reforma Constitucional en materia anticorrupción, y la fracción 5 del artículo 116 de la Constitución.  Sobre el caso de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo ya los ministros de la SCJN determinaron que los congresos de los estados no están facultados para emitir leyes locales antes de que el Legislativo federal emita la ley general para  Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Falta ver si el ombudsman local Carlos Álvarez, recién nombrado con el visto bueno del gobernador electo Quirino Ordaz, tiene el valor de mostrar su autonomía frente al gobierno actual. O si la Presidencia de Peña Nieto, vía la PGR, decide mandar un mensaje contundente. El origen de la acción mostrará la naturaleza y el tamaño de los pactos políticos del malovismo. 

Pero si no pasa nada y el Decreto permanece intacto, Mario López Valdez puede dormir tranquilo. Su estrategia política funcionó, seis años después y a pesar de todo, sigue teniendo amigos.