El INAI censura proyecto civil para abrir violaciones a DDHH: Artículo 19

Ciudad de México .- En mayo de 2015 varias organizaciones firmaron con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un convenio de colaboración para construir la plataforma Memoria y Verdad –un archivo digital sobre 15 casos de violaciones a los derechos humanos en México–, pero el resultado final fue la publicación de información rasurada, al gusto de los comisionados del instituto, sin tomar en cuenta la sociedad civil, acusa Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Articulo 19 para México y Centroamérica.

Las violaciones que se subirían eran sobre la Guerra Sucia, Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 en San Fernando, el incendio de la Guardería ABC, Ayotzinapa 2011, las fosas de San Fernando de 2011, Cadereyta, Tlatlaya, la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la masacre en Apatzingán. Sin embargo al final, cinco días antes del lanzamiento de la plataforma, los comisionados decidieron bajar el caso de la guardería y solicitaron a las organizaciones conseguir el consentimiento de todas y cada una de las personas que aparecían en 266 fotografías, varios videos e incluso en expedientes oficiales de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El resultado fue: una página con mil 300 solicitudes de información, trasquilada y sólo con documentos oficiales.

Aunque Ruelas evadió ponerle nombre y apellido a los comisionados que operaron la desarticulación de la plataforma ciudadana, dijo que la situación empezó a fallar cuando el proyecto quedó en manos de Cristina Ruelas. En entrevista con Sin Embargo, la Directora aseguró que la hicieron bajar el caso del incendio de la Guardería. El proyecto empezó a fallar al quedar en manos de Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado coordinador de la Comisión de Archivo y Gestión Documental del INAI, un funcionario que se mostró poco abierto al diálogo.

Acuña Llamas desempeñó varios cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), donde, de acuerdo con su currículum en línea, fungió como secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Ruelas dice que los comisionados dieron revés al objetivo planteado en un inicio por la sociedad civil, sin que Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta, opusiera la menor resistencia.

“Yo creo que hay que ver si es una forma de censura para nosotros o una forma de autocensura para el INAI”, contestó Ana Cristina Ruelas.
El martes la organización Artículo 19 planteó que la primera etapa del proyecto evidencia la opacidad para los casos de violaciones graves a los derechos humanos: “Más de 10 años de transparencia en México y 2 reformas constitucionales de avanzada, nos hablan de la falta de compromiso de los intérpretes de la Ley con la verdad”.

Para construir la plataforma se analizaron mil 300 solicitudes de información relacionadas directamente con los 15 casos, pero el 50 por ciento de ella es reservada, inexistente o no dice nada. Hay más de 300 recursos de revisión, de los cuales el INAI no cuenta con los cumplimientos, dice la organización.

Aquí la entrevista completa sobre lo que sólo se quedó una idea y que fue “tirada” en el último momento por el propio INAI: Memoria y Verdad.

–¿Cómo nace Memoria y Verdad y qué trabajo hay detrás?

–Memoria y Verdad nace en principio sabiendo que el derecho a la verdad es de la sociedad, de las víctimas. De la sociedad, porque también le dolieron los 43 de Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando. Es importante que la sociedad sepa lo que pasó, sepa quiénes fueron los que cometieron estos delitos y qué está haciendo el Estado para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió hace 50 años, o lo que sigue sucediendo. La idea de Memoria y Verdad era construir socialmente verdades sobre los 15 casos más emblemáticos de la historia en México en materia de violación

a los derechos humanos. Iniciamos con el caso de Tlatelolco y terminamos con el caso de Apatzingán, pero en la plataforma están los casos de Acteal, Tlatlaya, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Aguas Blancas, Campo Algodonero.

–¿Cuántas solicitudes de información revisaron?

–Hicimos un barrido de toda la historia de las solicitudes de información de 2003 a la fecha. Fue un trabajo en conjunto con el INAI, con Fundar [Centro de Análisis e Investigación], con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez […] Hicimos un barrido de toda la información que pudo estar relacionada con los 15 casos, o bien con tres ejes temáticos: desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y tortura. Revisamos más de 3 mil solicitudes de información y las que estaban relacionadas con los 15 casos eran mil 300; todas estas, son las que hoy por hoy se encuentran en la plataforma. Además se hizo un barrido de todos los recursos de revisión que hubieran estado relacionados con los casos y se llegaron a más de 300 recursos de revisión. Tuvimos un problema; muchos de los cumplimientos a la orden de entrega de información por parte del INAI no estaban en las manos del INAI. Entonces decidimos que en una segunda etapa se iban a integrar todos los cumplimientos y toda aquella información que en estos momentos no se podía integrar a la plataforma. Nos dimos cuenta que las mil 300 solicitudes no daban respuesta sobre lo que había pasado en estos casos. Decidimos nutrir la plataforma con otra información que venía desde la sociedad civil. Nos dimos cuenta de que el Estado no quiere responder respecto a estos casos. Las organizaciones que conformamos el grupo permanente del proyecto empezamos a recabar información, acervos fotográficos de diversas instituciones que tenían que ver con cada uno de los casos.

–¿El INAI ya había aceptado esta forma de trabajar que me comentas: de nutrirse de otras fuentes?

–Sí, exacto. El INAI desde que iniciamos con este proyecto en mayo de 2015 dijo: “sí, este proyecto no es una evaluación a la transparencia en violaciones a derechos humanos, es un proyecto de conocimiento público en violaciones a derechos humanos y no nos podemos quedar con la respuesta del Estado”. Ahora lo que estamos viendo es que el sistema no funciona para garantizar el derecho a la información de violaciones graves a los derechos humanos, pero, perdió la idea principal de que era un portal para el conocimiento público de violaciones graves a derechos humanos. El conocimiento que podemos tener de esta plataforma, porque no está muerta, es precisamente que el Estado ha estado mudo sobre estas violaciones y no hay una efectiva rendición de cuentas sobre lo que pasó. La sociedad tiene muchas dudas de cada uno de los 15 casos.

–¿A cuántas familias de víctimas entrevistaron para nutrirse de esta información adicional?

–Cada uno de los casos tiene una relatoría del caso, en una cuartilla, con la intención de que dé luz sobre qué fue lo que pasó. Algunos casos fueron escritos por víctimas, como la guerra sucia que fue uno de los casos en los que la víctima aportó la información que recaba Memoria y Verdad. Es información que ya estaba en su mayoría en el dominio público; lo que hace Memoria y Verdad es aglutinar la información para generar conocimiento. Si había trabajos periodísticos que habían hablado sobre esto, era integrar para poder sumar a la información que había sido investigada por otras fuentes periodísticas, por las víctimas y la información pública. No obstante, en un momento de la semana pasada el INAI no solicitó pedir el consentimiento de todas las personas que aparecen dentro de los documentos, fotos y videos que habían sido transferidos desde la sociedad al INAI para aglutinar en la plataforma.

–¿Una semana antes de que se lanzara la plataforma?

–El jueves pasado.

–¿Cuando ustedes tenían todo listo, todo armado?

–Exacto.

–¿Cómo lo resolvieron?

–Nosotros estábamos muy indignados porque es imposible solicitar el consentimiento de personas que han muerto o que están desaparecidas. La mayoría de las fotografías son de Tlatelolco o del Halconazo; la mayoría de las fotografías son en contextos de protesta. La solicitud era tan inverosímil como decirnos: “¿puedes solicitar a la señora que está protestando el por el caso Ayotzinapa y que aparece en una fotografía?”. Pero, ¿cómo la encuentro? El uso arbitrario de la figura legal de la protección de datos personales es lo que molesta, porque al final mi cara está en muchísimos espacios del portal del INAI y nunca me han pedido el consentimiento para que esté ahí. En ese sentido el uso de los datos personales se volvió como una especie de censura para el proyecto y también tomar en cuenta que se habían donado CDs completos, por ejemplo el expediente completo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Ayotzinapa 2011. Ya estaba arriba, había sido aceptado, es una fuente oficial y se bajó.

–¿Qué pretexto les pusieron?

–Todo es relacionado con datos personales.

–¿Qué datos venían en el expediente que les pareció que no podrían salir?

–Normalmente ya vienen los expedientes entregados por la CNDH en versión pública, pero justo hoy me puse a revisarlo y no está. Entonces habíamos enviado los expedientes que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había desarrollado para los casos que había determinando violaciones graves a los derechos humanos; enviamos las versiones públicas de los expedientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La información que estaba ahí, no es información que se creó específicamente para el proyecto. La única información que se creó para el proyecto fueron los textos enviados por los expertos, víctimas y periodistas, y eso sigue ahí. La parte que se quitó fueron fotografías y videos que estaban en google y que se aglutinaron y se ordenaron en la plataforma: expedientes que a lo mejor no son tan accesibles si te metes a internet, pero si los solicitas te los da. En ese sentido no era un riesgo.

–Ustedes sólo la estaban reuniendo para que fuera más accesible…

–Exacto. Nosotros cuando pensamos en la plataforma dijimos: “es muy diferente leer dejos o historias desperdigadas por todos lados a entenderlas en un contexto y en una historia”. En ese sentido Memoria y Verdad puede ser que le pegue a algunos intereses, porque nunca antes se había tenido un archivo digital en la que pudieras ver una serie de documentos, también documentos audiovisuales, porque a veces una foto puede decir mucho más que lo que dicen 10 mil documentos. Hay videos que fueron grabados y que pudieron haber sido enviados para efectos de la plataforma. Que fueron grabados hace 20 años y se volvían a retomar para que la gente los viera. La idea es que estas partes de la verdad de cada uno de estos casos fuera disponible para diferentes personas. Si tú querías tener una investigación profunda, podías descargar todas las solicitudes, los recursos y los expedientes que se habían adjuntado.

–En el comunicado de ayer mencionan que hubo divisiones entre los comisionados al interior del INAI. ¿Qué comisionados fueron exactamente los que detuvieron o desarticularon la plataforma que tenían ustedes?

–Yo te puedo decir que en el INAI hay varios INAI. Hay personas muy comprometidas que pusieron el corazón y el esfuerzo en la plataforma, que se emocionaron, y había personas que simplemente no creen en el uso del acceso a la información para ser un primer elemento en la rendición de cuentas, les falta mucho para rendir cuentas. El proyecto inició en manos del comisionado Joel Salas en el momento de mayores bríos de la transparencia. El INAI había tenido buenos aciertos, desclasificó el expediente de Ayotzinapa, los mayor parte de la averiguación previa de Tlatlaya, en el orden civil, Apatzingán. Eventualmente el proyecto dejó de estar en manos de la Comisión de Gobierno Abierto y pasó a manos de la Comisión de Archivos y ahí fue cuando empezó decaer la idea de consenso, diálogo interno y estructura. En la Comisión en manos de Francisco Acuña hubo cierta ruptura del diálogo, es importante decirlo, porque el INAI es una institución por la que todos luchamos y que es importante creer. Que ha tenido buenos aciertos. Creo yo que hay un grupo de comisionados muy comprometidos, pero en este proyecto Memoria y Verdad, no hubo una diferencia respecto al comportamiento general del INAI.

–¿Quiénes fueron estos comisionados comprometidos?

–Todavía estamos en negociaciones.

–Ahorita hablabas de Francisco Acuña. Me imagino que Francisco Acuña fue uno de los que se opusieron…

–Francisco Acuña, ciertamente fue una de las personas, de los comisionados que en determinados momentos tuvo menor diálogo con nosotros. Creo que no está acostumbrado a hablar con la sociedad civil, y no es una persona que ha estado muy comprometida con el proyecto desde el principio, como sí se vio en el caso de Joel Salas que siempre estuvo con nosotros. Sí es nunca acceso a esos correos. No ¿ones graves a los derechos humanos.ella es ci caso del incendio de la Guarder, ente, otra host importante decir que hay un

grupo de funcionarios públicos que hicieron la gran diferencia y que hoy por hoy también siguen luchando porque este proyecto se mantenga. Nosotros hicimos un emplazamiento a todo el pleno del INAI, porque a nosotros nos comunicaban por los siete comisionados. Yo creo y esperaría que el INAI reivindicara la posición que mostró ayer, que lejos de contestar lo que nosotros decíamos, lo que se mostró fue un total silencio y rechazo a lo que nosotros dijimos.

–El caso de la Guardería ABC, ¿qué fue lo que les argumentaron para sacar el caso de la plataforma?

–En este caso hubo dos momentos, y es justo cuando digo que hubo un cambio entre la Comisión de Gobierno Abierto y la Comisión de Archivos, porque en ese momento nos reunimos con los comisionados y nos comentaron que nos habían enviado un correo oficial en el que nos pedían cambiar ABC de la lista de violaciones graves a los derechos humanos, porque consideraban que este era un caso relacionado a un accidente y decir que era un caso de violaciones graves era sumamente cuestionable.

–Digamos, un caso que todavía no está cerrado, donde la PGR [Procuraduría General de la República] acaba de ordenar un nuevo peritaje…

–Y además es un caso en el que la Suprema Corte de Justicia dijo que eran violaciones graves a los derechos humanos. Ese caso ni siquiera está en cuestionamiento de sí es o no es: es un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

–¿Los comisionados están contradiciendo el dicho de la Suprema Corte?

–Sí, en ese sentido lo que nosotros hicimos fue remitir al INAI el dictamen de la Suprema Corte y entonces el INAI nos dijo: “okey, pero vamos a eliminar todas las fotos relacionadas con el caso”. Aquí es importante decir que eran fotos en el contexto de la protesta del 5 de junio. Dijimos: “está bien podemos retirar esta información en esta primera etapa y después solicitar el consentimiento de los padres para subirla”. Pero el jueves pasado recibimos un correo del INAI donde nos dijeron que habían recibido una serie de correos por parte de las familias de los padres ABC en el que solicitaban que se bajara el caso de la guardería. No sabemos cuántos, nosotros nunca tuvimos acceso a las comunicaciones de los padres, fue algo que nos dijo el INAI.

–Digamos están luchando por la transparencia y, ¿se toparon con la opacidad del mismo INAI?

–Nosotros no tuvimos nunca acceso a esos correos. No sabemos si es cierto o si no.

–Ese correo que les manda el INAI, ¿se los manda un comisionado o el instituto?

–Había momentos que los comisionados contestaban directamente y otros que el enlace emitía la comunicación tras las sesión del pleno. En este correo nos comunica el enlace que tuvieron una reunión los comisionados en el pleno y tras haber recibido una serie de correos de los familiares de ABC en los que solicitaban que el caso fuera bajado de la plataforma, los comisionados decidieron bajarlo, confiando “que ustedes van a tener la sensibilidad para reconocer esto. Les pedimos que comprendan que lo vamos a bajar y que, posteriormente, vamos a reevaluar con los padres, para que ellos decidan si lo vamos a subir o no”.

–Ahorita hablabas qué quizás esta información lastima intereses. ¿Qué intereses podría haber lastimado toda la información aglutinada en esta plataforma, que ustedes trabajaron y en particular; qué interés puede lastimar el caso ABC para que lo bajen de esa manera?

–Sabemos que en México nunca ha habido verdad y no hay una rendición de cuentas, cuando vino el Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, fue una de las recomendaciones que le hizo al Estado mexicano: garantizar el derecho a la verdad de la sociedad. La realidad es que siempre ha sido un tema, y más en estos últimos años, en los que se ha ido restringiendo los espacios y los foros de información relacionados a las violaciones graves de derechos humanos, no me voy tan lejos. En enero de 2015 se cierra o se cambia el acceso al Archivo general de la Nación que tenía la información de la guerra sucia, de Tlatelolco y del Halconazo. Es mucho más difícil obtener información que ya era 100 por ciento pública, ahora tienes que acceder a información tachada, ni siquiera los investigadores están teniendo acceso a esta información. El Estado no está acostumbrado a rendir cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos y mucho menos a que la sociedad sepa. No ha habido una claridad sobre la importancia de un proceso de reconciliación y de perdón, que tiene que ver con el saber que pasó, del reconocimiento del Estado de la existencia de violaciones graves a los derechos humanos. No tenemos enfocada una lectura a qué intereses está tocando esta plataforma, sabemos que ha sido la forma que se ha comunicado el Estado en este momento. Ese es el mismo caso para el caso ABC.

–¿Han recibido ustedes retroalimentación de los padres del caso ABC?, ¿les informaron que se iba a bajar esta información?, ¿cuál fue la reacción de ellos?

–Nos comunicamos con uno de los padres de ABC y les dijimos que la información no iba a estar, apenas ayer se presentó la plataforma, no hemos hecho un análisis de toda la información que se bajó.

–¿No tienen aún el porcentaje de la información que se bajó?

–No, porque el 6 de octubre nos dijeron que se bajaba la información, pero nosotros tuvimos acceso a la versión final el lunes 10 de octubre a las ocho de la noche, todavía estamos revisando las solicitudes. Tenemos claridad sobre el material audiovisual, de 266 fotos, quedaron 13; de los videos no quedó ninguno; las infografías, sólo las que se crearon para el proyecto. No ternemos un análisis exacto de todos los documentos que se bajaron.

–¿Quién administra el sitio?

–El INAI.

–¿Cuál fue el papel de la Comisionada Presidenta Ximena Puente?

–El día de ayer [el martes pasado] fue bastante ilustrador. Yo hubiera esperado que siendo la Comisionada Presidenta, que tuviera la última palabra y que hubiera mostrado más apertura a nuestra crítica. Sin embargo fue claro en señalar las virtudes de la plataforma, lo cual me parece loable, pero el reclamo que le hacía la sociedad, era un reclamo de no escuchar, de haber roto cada una de los consensos, de los acuerdos que se habían generado en el seno del grupo peramente de Memoria y Verdad. Yo espero, fervientemente, que ahora en el diálogo que tengamos con el pleno podamos reivindicar el proyecto y seguir trabajando juntos. El discurso de ayer no fue un discurso de ruptura, pero fue un discurso ene el que tuvimos que tomar una posición respecto a una posición muy autoritaria de parte del INAI, en la que se rompieron todos los acuerdos que habíamos tenido en último momento. Si las decisiones que se tomaron en la última semana hubieran sido consensuadas con el grupo permanente, otra historia habría sido; hubiéramos dado más tiempo, hablar con los padres de la ABC, pero nos avisaron un jueves antes, sobre su decisión.

–¿Ves dolo en avisarles al cuarto para las 12?

–Yo veo una forma indirecta de censura.

–¿Censura de un instituto de transparencia?

–Sí. Yo creo que hay que ver si es una forma de censura para nosotros o una forma de autocensura para el INAI.

–¿Si el INAI no da para atrás a su decisión de publicar la información que sacó, este proyecto lo recuperaría la sociedad civil?

–Sí, esta plataforma es ciudadana, y aún cuando el INAI decida no seguir con el proyecto, esta plataforma no se va a morir; seguirá con el trabajo de los ciudadanos y de la academia y buscaremos otra forma de publicar la información. Esperamos que sea con el INAI. Sabemos que sin el INAI no vamos a poder desclasificar toda la información que está clasificada, cientos de expedientes que ya la reserva está caduca, y que tendrían que ser desclasificados. Esperamos seguir trabajando con el INAI.