El desamparo
COMPARTIR
TEMAS
La tragedia acaecida en el Ejido Gabino Vásquez de Cuatrociénegas el día 4 de noviembre, amplía la estela de violencia e impunidad que padece Coahuila y que es ignorada o que, si bien nos va, resulta atendida a medias por las autoridades locales, llámense la PGJE o el Gobierno del Estado.
La versión de que los ejidatarios fueron despertados en esa infausta noche por la incursión de un grupo de pistoleros fue negada por el secretario de Gobierno Víctor Zamora, quien dijo que no hubo disparos; o sea, los agresores no portaban armas, seguro que los habitantes del ejido lo soñaron, porque ellos denunciaron que sí los hubo.
Las fotografías difundidas por VANGUARDIA y por la prensa nacional son una muestra manifiesta de que se trató de un ataque canalla, de delincuentes y bandoleros enviados por alguien -aún no se sabe quién y probablemente nunca lo sabremos-, pero ellos incendiaron y destruyeron con maquinaria pesada, la iglesia, el centro de salud, una bodega, las viviendas de los ejidatarios, la bomba de agua y se robaron la planta de luz.
Osvaldo Padilla, comisariado del ejido dijo a VANGUARDIA que las familias dormían cuando escucharon detonaciones de armas de fuego, y agregó que su casa también fue destruida con la maquinaria que llevaron los hombres armados. ¿También Padilla estaría soñando?
Hasta ahora un regidor del Cabildo del Ayuntamiento de Cuatrociénegas fue suspendido de sus funciones, acusado por daños, amenazas, abuso de autoridad y la PGJE solicitó al Congreso local se inicie un procedimiento contra este regidor para que sea desaforado y enfrente un juicio por despojo y destrucción.
También se supo que los ejidatarios de ese predio denunciaron a un terrateniente que presuntamente los sometió a esclavitud durante 7 años y los despojó de sus tierras porque ellos se negaron a servirle. Informaron que se trata de Arturo Lerma. Ellos han realizado procesiones por las dependencias oficiales pero nadie les hace caso. Hasta ahora la PGJE no ha informado quién es el empresario de Monclova que pudiera estar involucrado en el despojo y agresión en contra de los ejidatarios. ¿No será un protegido de Rubén Moreira? Es pregunta.
Pronto se cumplirá un mes del ataque al ejido Gabino Vázquez y la displicencia por parte del Gobierno del Estado es evidente al reducir el conflicto agrario a un “simple pleito entre particulares”. Cierto que la PGJE informa que se girarán órdenes de aprehensión en contra de tres sospechosos, pero la justicias avanza a cuenta gotas.
La mayoría de los campesinos agredidos viven de la caridad pública y el Gobernador está demasiado ocupado en sus viajes como para coordinar que se instalen refugios para que atiendan a los damnificados.
El señor Fidencio Presas Arredondo, de 76 años, se quejó de que le quemaron todo, como a las 33 familias del ejido, y por ello solicita apoyo al Gobierno para reconstruir su vivienda. Don Fidencio es un campesino muy pobre, declara que lo mejor que tenía eran dos equipos de vaquero, hachas y machetes con los que realizaba su trabajo como candelillero.
Hasta ahora la única voz que se ha levantado para reclamar justicia expedita, ha sido la de los defensores de los derechos humanos del Centro Fray Juan de Larios, que exigen que se investigue la acción de grupos civiles armados utilizados por empresarios de Monclova, y que se finquen las responsabilidades penales y las sanciones que correspondan.
También el sacerdote Martín Rodolfo Hernández Linares, párroco de Cuatrociénegas, mediante una carta enviada a Rubén Moreira, solicitó atención inmediata a los ejidatarios, pero no hay signos de que se implemente algún programa inmediato que auxilie a estos coahuilenses en desamparo.
