Por primera vez, son los militares mismos quienes han manifestado su intención de abandonar tareas para las que no fueron capacitados. Las declaraciones han sido vistas con recelo por parte de grupos de la sociedad civil. (Foto: Cuartoscuro)
Una ola de voces se ha orquestado desde el Gobierno Federal para que los militares regresen a los cuarteles. El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Ejército a Michoacán para combatir a los cárteles. Una década y 186 mil muertos después, la guerra sigue.
Nosotros no pedimos estar aquí. No nos sentimos a gusto. Los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”.
Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los distintos mensajes del general Salvador Cienfuegos Zepeda a favor de regresar las tropas a los cuarteles han terminado por contagiarse en el resto del Gabinete. Pero grupos de la sociedad civil cuestionan la forma en la que el Gobierno federal pretende sacarlos de la escena: dejando una puerta abierta para que puedan volver.

El uso de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico intensificó las secuelas de la violencia. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015, han sido asesinadas 186 mil 297 personas, de acuerdo con datos del INEGI.

El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, fue claro en sus palabras, el 8 de diciembre, durante una conferencia: los soldados no están entrenados para hacer las labores de la policía.

“Nosotros no pedimos estar aquí. No nos sentimos a gusto. Los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, criticó.

Ésta no es la primera vez que el General Cienfuegos decide enviar un mensaje encaminado al cese de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. El 21 de octubre, después de pronunciarse en un seminario de la Universidad Anáhuac, reconoció la condición en la que se hayan las tropas por participar en estos operativos.

“Claro que hay un desgaste, obvio estamos trabajando en todo el país, en toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades. Claro que hay un desgaste, somos un Ejército proporcionalmente pequeño, pero bueno seguimos trabajando para todos”, dijo en esa ocasión.

De forma previa, el 9 de julio del año pasado, el General dijo en una entrevista concedida al diario Excélsior, que el Ejército no es capaz de suplir a los policías.

En México hay 37 células delictivas vinculadas a nueve cárteles, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR). Y tanto las anteriores administraciones, como la presente, se han valido del apoyo del Ejército para combatirlos.

“Es un error tener al Ejército en las calles, yo creo que el mismo Ejército sabe eso. No es policía y no debe serlo, puede entrar en un evento especial, extraordinario, tradicionalmente cuando había una catástrofe natural. Pero en la actualidad está perdiendo credibilidad” dijo Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.

Las palabras del General tuvieron un eco inusitado. El propio Peña Nieto respaldó al titular de la Sedena y, durante la última sesión del Consejo nacional de Seguridad, solicitó a los legisladores la aprobación de un marco normativo para que los soldados puedan realizar operativos de seguridad, la llamada iniciativa de la Ley de Seguridad Interior.

La propuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 27 de octubre generó controversia, ya que su contenido permite, cuando el Presidente lo decida, que los soldados suplan las labores de las corporaciones policiales.

La propuesta es una contradicción con el discurso de Peña Nieto y Cienfuegos, encuentran organizaciones civiles, porque facilita la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad.

“En efecto es muy riesgosa esta legislación no sólo porque puede regularizar la permanencia de las Fuerzas Armadas, sino también por todas las facultades que les dan para poder atraer inteligencia civil. La iniciativa manda a las distintas instancias a entregar información a las Fuerzas Armadas. Ya no al Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional]”, opinó Juan Salgado, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esta información entregada en tiempo real al Ejército altera la relación civil militar y genera espacios de opacidad de cómo actuarían los castrenses en caso de que sea decretada la seguridad interior en un área, explicó el profesor.

“Opacidad en términos de si pasaría por alto los derechos humamos en casos de afectación a la seguridad interior, que es otro de los supuestos de esta ley”, dijo Salgado.

El primer periodo de sesiones terminó el 15 de diciembre sin que la iniciativa fuese discutida en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Si bien el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz, quien es su autor la presentó en el pleno, ha dicho que su partido buscará darle celeridad. Otras bancadas de oposición como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han manifestado desde ya su oposición.

ENFRENTAMIENTOS

El 30 de septiembre un comando de las fuerzas armadas fue emboscado en la entrada de Culiacán, Sinaloa. El enfrentamiento dejó a 5 soldados muertos y otros 10 heridos.

Más tarde el ataque sería adjudicado a elementos del Cártel de Sinaloa, quienes rescataban a un detenido de un enfrentamiento previo en Badiraguato. Los enfrentamientos entre el Ejército y particulares son frecuentes. La Sedena ha registrado 3 mil 916 agresiones a militares del 2007 a noviembre del presente año.

La violencia no ha cesado a pesar de que el Ejército ha sido utilizado en la guerra contra los poderes fácticos, seis de cada 10 asesinatos corresponden a ejecuciones del crimen organizado, sostiene la organización Semáforo Delictivo.

“Yo como militar estaría muy preocupado y estaría propugnando por una solución de fondo a la violencia que es entrarle a un esquema de regulación de las drogas,  con el cual le  quitaríamos el negocio a las mafias. Reduciríamos radicalmente la violencia y el Ejército podría volver a sus funciones”, dijo Roel.

El 19 de abril el Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York, en la que criticó la prohibición de las drogas y la violencia que desprende de esta política.

Un día después, de vuelta en México, envió una propuesta que aumentaba el gramaje de portación de mariguana de 5 a 28 gramos y permitía el uso medicinal de la mariguana. Sólo la parte medicinal de la planta fue considerado y aprobado por los legisladores el 13 de diciembre.

El paso fue muy tímido como para esperar algún impacto social, consideró Roel. “Un pequeño avance. No terminó de atreverse a nada. Este es un apéndice de todo el tema que debemos de tratar, que es la regulación de las drogas”, dijo.

Pero la Guerra está lejos de parar. Mientras los cuerpos de policía no se encuentren lo suficientemente capacitados para combatir al crimen, los castrenses seguirán apoyando los operativos de seguridad, ha dicho el Gobierno federal.

Una medida que extenderá en el tiempo la violencia, pero también la corrupción, dijo Roel: “Porque crea presiones de parte de las mafias que se dedican a esto”.

Por su parte Cortez refirió que si bien se ha solicitado que los soldados salgan de las calles, el hecho de que Peña solicitara la Ley de Seguridad Interior es igual a claudicar a los esfuerzos por tener mejores instituciones policiales.

“Darle marco jurídico a las Fuerzas Armadas es claudicar, porque da enormes facultades a los militares, y es aceptar que la seguridad va depender de ellos.  Si antes iba a ser provisional [su participación], ahora con este marco jurídico, pues no se van a querer ir”, dijo el investigador.

(Foto: SinEmbargo)