Denuncian ante PGR espionaje a periodistas y activistas mexicanos

Periodistas y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de espionaje a sus teléfonos con un malware llamado Pegasus, que este lunes el diario estadounidense The New York Times presentó en su primera plana.

“Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, indicaron en un posicionamiento, durante una conferencia de prensa este lunes.

La denuncia fue presentada por Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer, y Jorge Santiago Aguirre.

“Denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra constitutivos de los delitos consistentes en la intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y los demás que resulten”, señalaron en su demanda.

En su mensaje ante medios,  periodistas y activistas acusaron que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación… constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.

Ante los hechos, agregaron, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad, “sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje”.

Este lunes, el diario The New York Times y las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC reportaron que periodistas y activistas mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus.

Aunque The New York Times señaló que no había pruebas definitivas de que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea responsable del espionaje, también apuntó que el software para espiar la actividad de los teléfonos solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.

Además, las personas a las que se buscó espiar han sido críticas con el gobierno, aunque este último aseguró al diario estadounidense que no había usado el software para espiar a periodistas y activistas.

“Es una herramienta poderosa adquirida de parte de gobiernos, que de no haber mecanismos de control abre la puerta a abusos. Es una herramienta comercializada con la idea de  espiar a terroristas y amenazas a seguridad nacional, pero que ahora se ha usado contra periodistas y miembros de la sociedad civil”, dijo durante una conferencia este lunes John Scott, de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, cuyos investigadores han documentado el uso del malware Pegasus.

Luis Fernando García, de R3D, señaló que que casualmente los envíos de los mensajes SMS con los que se buscó utilizar el malware han coincidido con la publicación de investigaciones periodísticas o trabajos relevantes desde la sociedad civil.

“Rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje”, acusaron las organizaciones.

“Todo va en la misma dirección. Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, y que saben de nuestros hijos y de nuestra vida privada”, mencionó el periodista Carlos Loret de Mola.

Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los elementos revelados este lunes muestran “un claro patrón de uso ilegal de la tecnología” en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder.

“Las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos ponen constantemente en riesgo sus vidas para defender los derechos de todos y para informar al público. Esto no es un crimen y el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede justificarse. Estas acciones deben ser investigadas pronta y adecuadamente”, expresó.