Denuncia vs HMV: ¿es algo más que ‘pirotecnia’?

Por considerar que existen evidencias suficientes de la existencia de una “red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al Estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas”, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República interpuso ayer una demanda en contra del exgobernador Humberto Moreira Valdés.

Encabezados por el legislador coahuilense Luis Fernando Salazar, los senadores albiazules solicitaron a la Procuraduría General de la República que investiguen al también exdirigente nacional de PRI como probable responsable de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

“La Procuraduría tiene la facultad para solicitar a las autoridades de Estados Unidos documentos, registros, pruebas… el intercambio de la información necesaria para iniciar una investigación… no vamos a seguir esperando que la justicia llegue a México y a los coahuilenses desde el extranjero”, ha dicho el representante popular luego de presentar el escrito inicial de la demanda.

Habrá que esperar, desde luego, a que la PGR decida qué hará con el documento que ayer le fue entregado y, por supuesto, que razone la decisión que adopte. Habrá que estar conscientes, sin embargo, de que la presentación de la demanda no implica por sí sola que se abrirá una investigación en contra de Moreira Valdés y, mucho menos, que se le va a procesar penalmente.

En este sentido, la primera aduana que deberá superar la demanda de los senadores albiazules será la de la procedencia, es decir, que se trate de una denuncia bien armada y no simplemente de un petardo improvisado para lograr un efímero golpe mediático.

En otras palabras, es de esperarse que la demanda interpuesta por Luis Fernando Salazar no sea solamente una estrategia de carácter político que busque atraer reflectores –y, eventualmente, votos– hacia el partido en el cual milita el denunciante.

Resultaría sumamente decepcionante –y constituiría un agravio adicional para los coahuilenses– que quienes han decidido recurrir a las instancias judiciales no se hubieran tomado el asunto en serio; es decir, que no hubieran armado un caso que obligue a la PGR a admitir la demanda, iniciar una averiguación previa y, eventualmente, consignar el expediente ante un juez.

El contexto en el cual se ha presentado la querella es, sin duda alguna, correcto: se ha dicho en todos los tonos posibles que resulta inconcebible atestiguar simplemente cómo en los Estados Unidos se acumulan las evidencias en el sentido de que la administración que compartieron Humberto Moreira y Jorge Torres estuvo marcada por la corrupción y la colusión con grupos criminales, pero de este lado de la frontera a ninguna autoridad parece importarle eso.

Lo menos que todos esperamos es que tales hechos sean investigados. Esperemos que la demanda interpuesta por Acción Nacional efectivamente sirva para eso y que no resulte al final un ejemplo más de oportunismo político.