Declaraciones intencionadas: son ya la rutina

La auténtica “guerra de declaraciones intencionadas” en la cual se ha convertido –al menos en el terreno mediático– la discusión postelectoral en Coahuila tuvo ayer un nuevo episodio al registrarse declaraciones “ad hoc” por parte del titular del Ejecutivo Estatal y del excandidato Guillermo Anaya.

Por un lado, el gobernador Rubén Moreira “reveló” que la próxima gira de promoción económica que por el continente asiático realice una delegación coahuilense no será encabezada por él, sino por el gobernador Electo Miguel Riquelme y que será el equipo de éste último el responsable de tomar las decisiones relevantes sobre dicha gira.

Por el otro, Guillermo Anaya “reveló” que en las próximas semanas será recibido, junto al dirigente nacional de su partido, Ricardo Anaya, por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que en dicha reunión expondrán los argumentos con los cuales están planteando que la elección del pasado 4 de junio se anule.

En uno y otro caso, se trata de “anuncios” absolutamente normales de la agenda que cada parte desahoga, pero que al presentarse en un escenario de crispación social –alimentado igualmente por los individuos en disputa– da la impresión de tratarse de hechos extraordinarios.

Nada hay de extraño ni peculiar en el hecho de que un gobernante electo, de cualquier orden de Gobierno, participe en actividades formales del Gobierno en turno –incluso si se encuentra en medio de un proceso impugnativo– y menos aún cuando ya se ha anunciado el inicio de los trabajos de entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante.

Tampoco hay nada de extraordinario en que las partes en un juicio, de cualquier clase, sostengan reuniones con el juez para hacer lo que en el argot jurídico se denomina “alegatos de oreja”. Se trata de una práctica que en México se ha normalizado, entre otras cosas, porque el modelo del proceso judicial así lo permite.

Sin embargo, siendo ambos hechos bastante normales seguramente servirán para avivar polémicas, justamente porque de uno y otro lado se realizan tales “revelaciones” con la intención de generar ideas en el público: de un lado se pretende abonar a la idea de que la elección ya ha sido definida y no habrá ningún cambio en ello; del otro se pretende consolidar entre la sociedad la idea de que la anulación de los comicios es inevitable.

En ninguno de los casos estamos ante actos alineados con los intereses colectivos, sino sólo con los particulares de quienes detentan el poder y de quienes pretenden acceder al poder. En ambos casos se actúa de forma poco responsable, pues lejos de abonar a la posibilidad de una discusión postelectoral serena, se contribuye a una mayor crispación.

Ambas partes tienen el legítimo derecho de defender la posición en la cual creen, pero deberían hacerlo en el marco de la institucionalidad que implica dejar claro, de frente a los ciudadanos, que ambos escenarios –la prevalencia del resultado actual y la nulidad de las elecciones– son perfectamente posibles y que todos se someterán sin reservas al resultado que surja de la sentencia que emitan los tribunales.