Cuestionan al “Bronco” por nombramiento de militares en mandos de Seguridad Pública
COMPARTIR
TEMAS
La organización CADHAC refiere que el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar de 2008 y hasta 2013, en la época más álgida de inseguridad en el estado
Monterrey N.L.- La organización, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) cuestionó el nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ya contravienen diversas
recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos.
Refiere que el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar de 2008 y hasta 2013, en la época más álgida de inseguridad en el estado. Mientras estuvo al frente de la Séptima Zona Militar ocurrieron ejecuciones extrajudiciales a manos de militares.
Documenta que, en marzo 2010, en el municipio de Anáhuac fue asesinado el matrimonio formado por Juan Carlos Peña y Rocío Garza; además, ese mismo mes, los estudiantes del ITESM, Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron acribillados en el interior del Campus Monterrey; en marzo de 2011, el joven Jorge Otilio Cantú murió balaceado por soldados vestidos de policías en Monterrey. En todos estos casos, los militares hicieron pasar a las víctimas inicialmente como delincuentes.
Por su parte, el Contralmirante Augusto Cruz Morales estuvo a cargo de la seguridad del municipio de Monterrey (2012-2014) en la administración de Margarita Arellanes, también durante una época difícil para Nuevo León donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos
Apenas ayer, en el marco de su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que lanzó establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad:
1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
3. doptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Además, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública.
“Reiteramos nuestra convicción basada en experiencias internacionales que las políticas de seguridad pública deben tener una visión clara de seguridad ciudadana con una clara perspectiva apegada a la legalidad y al respecto irrestricto de los derechos humanos”, afirma.
Refiere que el uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
“Por lo anterior hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para una reconsideración de estos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno a la desmilitarización de la seguridad pública a fin de dar una señal de que podemos empezar a avanzar por recuperar un Estado constitucional de derecho”, subraya el organismo.
Finalmente hacen un llamado para que no se repitan los errores del pasado, ya que una de las tareas, tanto gobierno, como de sociedad civil, debe ser la de colaborar en conjunto para la progresividad de los derechos humanos.
