No garantiza autonomía propuesta del sistema estatal anticorrupción. Foto: Vanguardia/Archivo
Observa alianza ciudadana deficiencias en iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal al Congreso de Coahuila, como eliminar la participación ciudadana

La Alianza Anticorrupción, conformada por 109 organizaciones de la sociedad civil, consideró que la iniciativa que propuso el gobernador Rubén Moreira para modificar la Constitución y crear el Sistema Estatal Anticorrupción no garantiza la plena autonomía e independencia indispensables para combatir efectivamente la corrupción. 

Cabe destacar que la propuesta fue enviada al Congreso del Estado apenas un mes antes de que se cumpla el plazo para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Mediante un comunicado, el grupo de organizaciones exigieron al Gobierno Estatal y al Congreso del Estado la implementación de un sistema estatal anticorrupción cuyos componentes e integrantes posean una verdadera autonomía e independencia política, técnica, de gestión y presupuestal. 

Los integrantes de la Alianza consideran que las condiciones mencionadas son indispensables para asegurar la incidencia eficaz en la lucha contra la corrupción, “que tanto ha deteriorado a las instituciones”. 

 

Criticaron, en la iniciativa del Gobernador, la designación y remoción directa de figuras clave como: el Fiscal General, el Fiscal Especial Anticorrupción, el Auditor Superior del Estado y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado.

El grupo de organizaciones y colectivos ciudadanos demandan también la imprescindible participación ciudadana en el análisis, discusión e incorporación de propuestas en las reformas legislativas y la creación de nuevas leyes que dan origen a este sistema. 

Señalaron sentirse extrañados de que el Gobierno del Estado no consultara a la ciudadanía, pese a que se les demandó que fueran tomadas en cuenta las propuestas de los coahuilenses en la discusión de la implementación del Sistema Anticorrupción.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo contempla alrededor de 35 modificaciones a la Constitución Política del Estado. Entre estos cambios están la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y de un Tribunal de Justicia Administrativa.

La propuesta señala que el fiscal anticorrupción será nombrado por las dos terceras partes de los diputados. El Tribunal de Justicia Administrativa será integrado con 5 magistrados designados por el Gobernador y aprobados por el Congreso del Estado.

 

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Cuestionamientos
> No contempla a la ciudadanía en la elección de funcionarios como el Fiscal Anticorrupción y el Auditor Superior del Estado. > Tampoco garantiza la plena autonomía e independencia. > Establece la designación y remoción directa de figuras clave como el Fiscal General, el Fiscal Especial Anticorrupción, el Auditor Superior del Estado y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del Ejecutivo y el Congreso del Estado. > Permitirá el encubrimiento de hechos de corrupción y la legitimación de la impunidad.