Despide Trump a Fiscal del caso relacionado con Humberto Moreira

La decisión del presidente Donald Trump de despedir ayer lunes a la Fiscal General interina Sally Q. Yates, por “rehusarse a aplicar una orden legal designada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, tuvo impacto colateral para Coahuila.
 
Y es que Sally Yates, Fiscal -o Procuradora General Interina- de Estados Unidos, fue demandada por José Iruegas Valdez, presunto testigo de la tragedia del 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, por no considerar las pruebas de la supuesta vinculación de policías y un exgobernador de Coahuila, “aliado cercano” del grupo criminal Los Zetas, en la matanza en esa población.
 
Iruegas Valdez pidió la protección a EU por temor a ser perseguido por Los Zetas. La solicitud de protección se hizo bajo la Convención Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) en EU y acudió a la Corte de Apelaciones, demandando a la Yates, la misma que ayer fue despedida por Trump, por ordenarle al Departamento de Justicia no defender el veto migratorio.
 
El presunto testigo supuestamente proporcionó evidencias de que el Gobernador involucrado –aparentemente Humberto Moreira-, además de elementos de la Policía Municipal participaron activamente en la masacre.
 
Según el caso 15-60532 y el documento 00513845791 de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito en poder de VANGUARDIA, José Iruegas Valdez, solicitó protección porque presuntamente tiene nexos familiares con José Luis Garza y Héctor Moreno, quienes eran miembros de Los Zetas antes de traicionar al Cártel y huir a EU con 5 millones de dólares en efectivo y algunos de los libros de contabilidad del grupo criminal, además de convertirse en informante en 2011.
 
A raíz de dicha traición, Los Zetas emprendieron una venganza en Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras, con el objetivo de desaparecer y asesinar a todos los que tuvieran relación con Garza y con Moreno.
 
Iruegas Valdez afirmó que al menos 200 personas asociadas con los Garza y Moreno fueron ejecutadas y que el cártel sigue buscando a miembros de la familia. 

Además apeló ante la negativa de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés) y el Juez de Inmigración de solicitar la retención.
 
En primera instancia, el argumento de la negativa estribó en que la tortura se relacionaba con acciones por parte de funcionarios públicos, situación que según la BIA y el Juez de Inmigración, no acreditaba el solicitante. 
 
Sin embargo, con fecha del 23 de enero de 2017, la Corte de Apelaciones anuló la decisión y pidió que se regresara el asunto y se tomara en cuenta las pruebas de que los policías fueron participantes activos en la masacre y de que un Gobernador de Coahuila era un aliado de Los Zetas y permitió el ataque, pues la Fiscal General Sally Yates consideró que ni la BIA ni el Juez de Inmigración consideraron estas pruebas para determinar si el solicitante sería torturado “por” o con el “consentimiento” de funcionarios gubernamentales, lo que calificó como de un error.
 
Con la salida de Yates, ahora casos como el de Allende, que involucraban a la excolaboradora del presidente Barack Obama por ocupar la Procuraduría General, tendrán que ser turnados al Fiscal propuesto por Donald Trump, el senador republicano Jeff Sessions, que espera la ratificación del Congreso.