Consejo Cívico propone la iniciativa Ley 3 de 3
Al ser una ley que emana de la ciudadanía, el Congreso está solicitando 120 mil firmas, que tienen como fecha límite para recolectarse hasta el 30 de abril.
El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila llevó a cabo una rueda de prensa para invitar a la población a unirse a la iniciativa ciudadana Ley 3de3, que tiene como fin que los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
Al ser una ley que emana de la ciudadanía, el Congreso está solicitando 120 mil firmas, que tienen como fecha límite para recolectarse hasta el 30 de abril.
Las instalaciones del Consejo Cívico están sirviendo como banco de acopio de la recolección de firmas, así lo señaló Alejandra Wade, directora del organismo, a la cita la acompañaron representantes de distintas instituciones.
Esta Ley busca convertirse en lo que será la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo.
Las organizaciones y ciudadanos que presentan la iniciativa el día de hoy, invitan a todos los ciudadanos preocupados por los niveles de corrupción en el País a firmar lo antes posible y también a volverse promotores de la iniciativa.
¿Qué propone la Ley 3de3?
1. La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para todo el País y los servidores públicos en los tres órdenes de Gobierno y órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables.
8. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
9. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
10. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
